¿Es un sector al que se quiere ayudar?

La ley que establece incentivos para las pequeñas y medianas empresas (Pyme) busca ayudar y hacer crecer a un sector que abarca a más del 90 por ciento de los establecimientos y es, muchas veces, mano de obra intensiva (ver Gracias a la Afip, hay cada vez "más grandes" empresas). La reducción de contribuciones patronales prevista en las normas se enmarca en la necesidad de apoyar, a través del abaratamiento de los impuestos sobre el trabajo, la formalización ("blanqueo") de un sector que suele tener una mayor tasa de ­trabajo en negro. Así, las normas nacionales pretenden facilitar la situación a las Pyme para que pongan sus cuentas "en orden". Sin embargo, las resoluciones y disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) referidas a este tema van en una dirección totalmente contraria. La facturación máxima, de 48 millones de pesos al año, que toma el organismo recaudador para que una empresa sea considerada Pyme a los fines de aplicar una menor carga laboral, es de ¡2001! Desde entonces, se produjo la devaluación del peso y la inflación acumula una suba de 300 por ciento, medida con los índices "pisados" del Indec, o más de 400 por ciento, con otras mediciones. Así, facturar más no implica, necesariamente, que la empresa crezca.El resultado: un aumento de hecho de la presión fiscal, ya que, cada vez menos firmas cumplen con los parámetros previstos por el organismo.Esta política no es exclusiva en este caso de las Pyme: la falta de ajuste por inflación, con el argumento de que la suba de precios no es significativa desde 2003; la no actualización del piso a partir del cual asalariados y autónomos pagan el Impuesto a las Ganancias y las escalas de alícuotas aplicables; la falta de ajuste de los parámetros para el Monotributo; son algunos ejemplos de una tendencia del fisco de dejar que la inflación aumente la carga tributaria sobre la economía sin modificar alícuotas.Pero, además, la situación se agrava porque si una Pyme quiere ir a la Justicia para protestar ante esta medida debe, primero, depositar el monto total de la deuda que le reclama el fisco. Con suerte, se lo devolverán al final del juicio (varios años después), sin ninguna actualización.Ni qué hablar de la carga administrativa que los distintos estamentos de Gobierno le fueron agregando al sector privado, que es difícil de afrontar para estas empresas con una estructura reducida.Mientras, por un lado, en los papeles y los discursos se propugna facilitarle la actividad a este sector más vulnerable, en la práctica, se le ponen trabas que cada vez le complican más las cosas.Cuando la economía anda "viento en popa" estas cuestiones pueden disimularse y las Pyme siguen creciendo, pero cuando hay que ajustar tuercas para ser competitivos en una situación que se complica, estas trabas pueden hacer la diferencia entre seguir trabajando, o no, con todo en regla.