La letra y el contenido

Nadie puede negarle al Estado nacional la decisión de exigir la cantidad de asientos que le correspondan en la conducción de empresas privadas, en base a la proporción de la tenencia de acciones. Este es un principio que debe respetarse en base a las leyes de sociedades anónimas instaladas en la Argentina, y es parte también de la seguridad jurídica que se le reclama. Sin vueltas, punto a favor del Gobierno. Pero la verdadera historia detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la presidenta Cristina Kirchner es muy distinta de la que sugiere una simple lectura de las normas escritas. Hay mucho de revanchismo, ideología y apetencia por la renta privada detrás de esa resolución que, en lo formal, es inobjetable. Es incuestionable el discurso que se hizo para "defender los intereses" de los trabajadores y de los jubilados, que son los verdaderos dueños de las acciones en las que invirtieron en su momento las ex administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones –ahora traspasadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)– para cuidar el valor futuro de los recursos que deben recibir los pasivos. Dicho sea de paso, los jubilados son hasta ahora convidados de piedra. Primero, el método. Un DNU en pleno año legislativo revela el perfil autoritario del kirchnerismo en la toma de decisiones clave para la organización de la sociedad. ¿Por qué un DNU si el tema podía tratarse y aprobarse en el Congreso, con similar número de votos con que se eliminó la jubilación privada y las inversiones en acciones pasaron a la Anses?Sencillamente porque están por delante asambleas de accionistas que deben renovar las conducciones de las 32 empresas en las que el Estado posee acciones. Además, el decreto apuntó directamente contra Siderar –compañía del Grupo Techint, en la que fracasaron las negociaciones para nombrar un director por consenso–, y a otras empresas, cuyos discursos le molestan a la Presidenta. Punto en contra del Gobierno. Otro negocio. Pero no fueron sólo los discursos molestos los que estaban en la letra oculta del DNU. También hubo (hay) negocios políticos. El ministro Amado Boudou –que cuando era titular de la Anses prometió que el Estado no iría más allá del cinco por ciento (aun cuando la tenencia fuera mayor)–apuntó a quiénes serían los delegados que se sentarán en los sillones privados (muy bien remunerados). ¿A quiénes se los prometió? A La Cámpora –un núcleo de jóvenes que actúa como usina ideológica y práctica de actos oficiales– y a la CGT del poderoso Hugo Moyano. ¿A cambio de qué? De la militancia popular y económica para la candidatura de Boudou. El proyecto cierra por varios frentes. Por un lado, el control del discurso contrario al kirchnerismo, influencia en la toma de decisiones empresarias que favorezcan los planes oficiales y militancia político-económica. Otra tarjeta amarilla para el Gobierno."No es fácil enfrentarlo. En gobiernos anteriores, la influencia se limitaba a la obra pública y a otros contratos; el kirchnerismo se metió ahora en los negocios", confesaba meses atrás un empresario cuyas actividades se expandieron durante el menemismo. Pero uno y otro modelo no favorecen el desarrollo sustentable de la economía. Y éste es un gol en contra para la sociedad argentina.