El control de los productos alimenticios, un problema ligado con la cuestión ambiental

Ligado a la cuestión ambiental, la industria alimentaria registra también su problemas de control.

Para que sea autorizada, cualquier industria de este rubro debe primero ser aprobada por las secretarías de Ambiente (lo que implica pasar los estudios de impacto ambiental) y de Recursos Hídricos (que controla el sistema de volcamiento de líquidos).

Sólo así se obtiene la autorización de la Secretaría de Alimentos, dependiente del Ministerio de Agricultura provincial.

Según informa esta cartera, desde la Provincia se está buscando que todas las empresas se inscriban en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), exigencias que no todos cumplen y que es obligatoria, ya que el alimento producido en una empresa de un lugar puede terminar siendo comercializado en otra zona.

Entre enero y septiembre de este año, el Ministerio realizó acciones de fiscalización en 218 localidades, fruto de lo cual clausuró 46 establecimientos y aplicó 240 multas y 402 sanciones.

Como resultado de esto concretó cuatro denuncias penales, emitió 280 resoluciones, inició 950 expedientes procesados y decomisó 100 mil kilos de alimentos.

La falta de inscripción es una de las irregularidades más comunes y se dio en el reciente caso de la fábrica de conservas Deseares, de Villa María, que provocó la muerte por botulismo a una persona de Santa Fe.

El Ministerio de Agricultura también audita los establecimientos para observar las condiciones de salubridad. En algunas ocasiones no se da la habilitación porque las faltas edilicias son muchas; pero cuando los riesgos son menores se da un plazo para corregirlas.

Las mayores exigencias se aplican a lácteos y carnes. En estos casos, Recursos Hídricos y Secretaría de Ambiente auditan previamente los sistemas de volcamiento de efluentes y entregan la licencia ambiental.

Días atrás, la Subsecretaría de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura decomisó 11.400 kilos de carne y menudos de pollo, debido a que carecían de la certificación sanitaria. Además, la mercadería procedía de un establecimiento faenador que no estaba autorizado y que no tenía las habilitaciones de sanidad correspondientes.

Uno de los problemas que frena la inscripción es que mediante la normativa vigente se puso como requisito la habilitación municipal previa, buscando responsabilizar a las comunas. El problema es que no hay un protocolo unificado y hay municipios que no tienen área de Bromatología.