Zapatero prohíbe pedir créditos

El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero prohibió a los ayuntamientos y a las entidades que dependen de ellos solicitar créditos, ya sean públicos o privados, hasta 2012.Según se desprende del Real Decreto-ley, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no podrán "acudir al crédito público o privado a largo plazo" para financiar sus inversiones.Tampoco podrán "sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes", salvo para reducir sus intereses, agrega un despacho de la agencia de noticias DPA.Los ayuntamientos españoles acumulaban al finalizar el año pasado una deuda de 34.594 millones de euros, 9 por ciento más que en 2008.Este decreto-ley, en él que se contempla también la rebaja de 15 por ciento en el sueldo de los miembros del gobierno, debe aún ser convalidado por el Congreso de los Diputados.Las medidas más controvertidas del plan de ajuste de Zapatero son el recorte de los sueldos de los funcionarios públicos, que serán reducidos a partir de junio entre 0,56 y 7,0 por ciento, y el congelamiento de las pensiones, excepto las mínimas, en 2011.Cambios. Asimismo, el gobierno suprime a partir de 2011 el llamado cheque bebé, una ayuda de 2.500 euros que se paga a los padres por cada recién nacido, y reduce en unos 6.000 millones de euros las inversiones públicas, con lo cual muchos proyectos quedarán paralizados.Esto es lo que más negativamente incide en el crecimiento económico, cuya previsión para 2011 ha tenido que revisar el gobierno en medio punto, hasta 1,3 por ciento.El objetivo de los ajustes, adoptados por las presiones de la Comisión Europea, es reducir en 15.000 millones de euros el déficit previsto para este año y el que viene, 5.000 millones más que los inicialmente previstos.Con los recortes, el gobierno socialista espera reducir el abultado déficit, que en 2009 ascendió a 11,2 por ciento del producto interior bruto (PIB), a 9,3 por ciento este año y a 6,5 por ciento en 2011.En 2013, España aspira a llegar a 3,0 por ciento, el límite máximo fijado por el Pacto de Estabilidad de la UE.