Un sistema que genera mercado: Justicia lenta, fianzas permitidas
Para que la geolocalización de personas desesperadas por parte de empresas privadas exista como negocio legal en pleno siglo 21, son necesarias condiciones institucionales y normativas que generen un mercado especialmente atractivo para estos “correindocumentados”. El opaco pero legal negocio de la inmigración en Estados Unidos
Se puede ver el sitio web de Libre by Nexus una retórica libertaria, latinos sonrientes y un redundante discurso comercial que hace foco en idea de la ayudar a los inmigrantes "sin discriminarlos porque no tengan documentos".
Para que la geolocalización de personas desesperadas por parte de empresas privadas exista como negocio legal en pleno siglo 21, son necesarias condiciones institucionales y normativas que generen un mercado especialmente atractivo para estos “correindocumentados”.
Cuando un inmigrante ilegal es detenido por el Servicio de Inmigración norteamericano, pasa de uno a tres años hasta que se resuelve su situación, porque el sistema está abarrotado: según datos del Departamento de Justicia estadounidense, hay 540 mil casos demorados.
Apenas en 2016, los detenidos fueron 680 mil y se espera que en la presidencia de Donald Trump el número aumente de modo exponencial.
El procedimiento
Para salir en libertad condicional hasta que le toque el turno de la audiencia final, alguien debe pagar el 20 por ciento de la fianza. Y ese “alguien” no puede ser ni el propio detenidos, ni sus familias también indocumentadas porque, ni más ni menos, ellos no existen para la ley norteamericana como sujetos de derecho.
Entonces, aparecen las compañías de fianzas estadounidenses para abonarle a la Justicia y luego cobrarles mes a mes a los extranjeros el restante 80 por ciento, con importantes tasas interés.
Esas empresas les requieren garantía (un auto, una casa) que generalmente no tienen. Y ahí es cuando entra en acción Libre by Nexus, que oficia de intermediaria: utilizando las tobilleras GPS, garantiza a las agencias de fianzas que sus clientes no se escaparán.
Cuando la familia de un inmigrante paga a Libre el 20 por ciento de la fianza para sacarlos de la detención, la empresa pasa el 15 por ciento a la agencia de fianza, retiene el cinco por ciento por llevarle el cliente “sin riesgos” y además comienza a cobrar a los inmigrantes por el monitoreo.
Además, la familia sigue pagando el 80 por ciento restante de la fianza y los intereses.
