Un país partido por un tema que considera "muy serio"
Mientras Washington y Arizona disputan el tema de la competencia, una encuesta muestra a un país dividido por la polémica norma.
Mientras Washington y Arizona disputan el tema de la competencia, una encuesta muestra a un país dividido por la polémica norma.
La demanda del gobierno federal fue hecha el mismo día que una encuesta de USA Today indicó que el 50 por ciento de los estadounidenses cree que el gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados, mientras que otro 45 por ciento opina que debe desarrollar un plan para ver qué hacer con los que ya están en el país.
El sondeo, realizado el mes pasado, señala que el 62 por ciento de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el Estado, mientras que el 32 por ciento cree que estos inmigrantes cumplen con responsabilidades impositivas.
El 64 por ciento de los encuestados calificó el tema de la inmigración ilegal como "extremadamente serio" o "muy serio", sólo debajo de asuntos como la deuda federal, el terrorismo, los costos de salud y el desempleo.
Tamar Jacoby, presidente de la organización activista Immigration Works, opinó que aunque la ley de Arizona es "una abominación", la demanda del gobierno federal es una "jugada peligrosa" que podría hacer más daño que bien.
"El país ya está dividido en dos sobre la ley de Arizona, tanto que ambos lados no pueden escucharse ni entenderse, y la demanda del gobierno sólo avivará las llamas", manifestó.
Sin embargo, otros activistas vieron la intervención federal con buenos ojos.
"Vemos la demanda hacia Arizona como un importante primer paso de nuestro país rumbo a la lucha permanente contra el racismo y la intolerancia", afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con sede en Los Angeles. "El gobierno federal reafirma su derechos a hacer cumplir, aplicar y defender las leyes federales", agregó.
La pelea jurídica puede ser dura, prolongarse durante mucho tiempo y provocar importantes repercusiones políticas.
Una derrota del gobierno ante los tribunales, además de debilitar mucho a Obama, abriría la puerta a múltiples opciones legislativas sobre inmigración y podría crear un desorden jurídico inimaginable.
