Reprimen una marcha contra privatizaciones en Paraguay
Sindicatos y organizaciones campesinas protestaron frente al Congreso, en repudio a una ley que confiere al presidente Cartes poderes para dar en concesión servicios públicos.
La policía usó ayer gases lacrimógenos para dispersar a sindicalistas de instituciones estatales e integrantes de diferentes organizaciones campesinas que protestaron frente al Congreso de Paraguay por la aprobación de un proyecto de ley que otorga amplias atribuciones al presidente Horacio Cartes para privatizar algunos servicios públicos.
El comisario Enrique Isasi, jefe de la policía antimotines, sostuvo que los manifestantes lanzaron gases y la policía montada usó bastones de madera para dispersar a quienes desde la marcha arrojaron piedras, botellas y otros objetos contundentes contra el edificio del Congreso.
A pesar de la dura represión, hasta anoche no se habían reportado heridos graves.
El proyecto de ley, impulsado por Cartes fue aprobado hace dos semanas por ambas cámaras legislativas, aunque faltaba el acuerdo para conceder o no absoluto poder de decisión al mandatario para firmar convenios con los contratistas locales o extranjeros por un plazo de hasta 30 años.
Los diputados aprobaron la ley con un resultado de 80 votos a favor y 15 en contra, con tres abstenciones y dos ausencias. Se prevé la privatización de algunos servicios públicos como la navegación por el río Paraguay, la transmisión eléctrica y el pago de peaje en rutas nacionales, en una primera etapa.
José Ibáñez, diputado del oficialista Partido Colorado, dijo que más adelante “el Poder Ejecutivo reglamentará la ley estableciendo el porcentaje de participación del Estado en los contratos con sectores privados”.
Sin embargo, José Pineda, secretario general del gremio de la administración nacional de electricidad, dijo en reunión con periodistas que la ley “entregará de una manera directa los bienes patrimoniales del Estado al sector privado sólo con la decisión del presidente de la república”.
“Nuestra lucha recién comienza. Vamos a seguir pidiendo al Congreso la derogación de la ley pero a partir de ahora estamos organizando una huelga general para paralizar el país”.
Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina, de centroizquierda, dijo a la agencia de noticias AP que Cartes “solamente piensa en vender las empresas públicas al sector privado. Eso significará que el pueblo pobre tendrá servicios más caros como el agua potable, telefonía con línea física, peaje por rutas que son del Estado y otros”.
Por su parte, el ministro de Hacienda Germán Rojas dijo en conferencia de prensa: “En estos momentos se necesitan unos 30 mil millones de dólares para invertir en infraestructura y ponernos a la altura de los países vecinos. No existe ninguna posibilidad de obtener ese dinero a través de nuestras recaudaciones fiscales”.
Paraguay tiene 6,2 millones de habitantes de los cuales el 38 por ciento es pobre y, dentro de esa franja, el 20 por ciento está en situación de miseria. El objetivo de Cartes es reducir la miseria en cinco años en un ocho por ciento.
Cartes, un empresario de variados negocios que se jactaba hasta no hace mucho tiempo de no saber nada de política porque no le interesaba, devolvió al poder a los colorados, cuya hegemonía había sido cortada por el exobispo Fernando Lugo.
