Ratifican desafuero a opositora venezolana
La Justicia de Venezuela confirmó la revocación de la investidura de la diputada Machado, quien intentó ingresar a la Asamblea pero la policía y los seguidores del gobierno se lo impidieron. Amnistía Internacional apuesta al diálogo entre el gobierno y la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó ayer el desafuero de la diputada opositora María Corina Machado, quien sin embargo intentó asistir al Congreso acompañada de algunos de sus colegas, pero su paso fue impedido por un grupo de simpatizantes del gobierno. En tanto, Amnistía Internacional (AI) apostó ayer al diálogo entre gobierno y oposición para poner fin a las protestas violentas que sufre el país desde febrero.El TSJ de Venezuela sentenció, luego de "un minucioso análisis", que Machado perdió su investidura como diputada por haber aceptado ser representante alterna de Panamá ante la OEA La sentencia del máximo tribunal coincidió con una concentración que la oposición organizó en el este de Caracas, donde tras un discurso la dirigente intentó ingresar al Congreso.Sin embargo, Machado fue empujada e insultada por desconocidos y poco después se alejó del lugar en motocicleta.Varios miles de manifestantes fueron repelidos con gases lacrimógenos cuando intentaron traspasar el cordón de policías nacionales para acompañarla tras finalizar su discurso. No hubo reportes de heridos.Horas antes, frente una multitud, Machado había rechazado la acción de los aliados del gobierno en el Legislativo y el dictamen del máximo tribunal. "Se dio un contundente golpe de Estado a la Constitución", manifestó, y agregó que el TSJ está al servicio del oficialismo e integrado por "juristas del terror". "Hay tres poderes confabulados", aseveró.A los miembros de las fuerzas armadas, los exhortó a "no aceptar órdenes inconstitucionales (...). Su deber es la protección y defensa de cada uno de los venezolanos".En su fallo, el TSJ sostuvo que Machado, al hablar en una sesión de la OEA por solicitud del embajador de Panamá, ejerció una "función diplomática" y determinaron que esa acción "no sólo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana".
“Búsqueda de soluciones”
Por su parte, la organización AI expresó su preocupación por la situación en Venezuela y dijo en un comunicado que el país enfrenta el riesgo de “una de las peores amenazas al Estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente”.
La organización reconoció que en el contexto de las protestas callejeras de febrero y marzo en el país las fuerzas de seguridad “recurrieron al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes”.
El informe también documentó abusos cometidos por grupos a favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.
Venezuela es sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores en contra de la inflación –que alcanzó en febrero una tasa de 57,3 por ciento–, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los incidentes registrados en Caracas y otras ciudades dejaron al menos 33 muertos, 559 heridos y más de 1.700 detenidos de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
Maduro desestima las protestas. Las considera parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
