Por el franquismo, Garzón va al banquillo

Madrid. El juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo, acusado de un presunto delito de prevaricación, por haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

En cuestión de días, Garzón podría ser suspendido de sus funciones y apartado de la carrera judicial tras más de 20 años de servicio en la Audiencia Nacional, según explicó su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.

Además, de ser condenado, Garzón enfrentaría un período que oscila entre los 10 y los 20 años de inhabilitación. A sus 54 años de edad, una pena de estas características pondría punto final a la carrera del juez más famoso y mediático de España.

El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela notificó ayer el auto judicial en el que acuerda juzgar a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española que logró fama internacional al procesar al dictador chileno Augusto Pinochet.

Garzón está muy cerca de ser suspendido después de que Varela adelantara que le abrirá juicio oral en un auto en el que le recuerda que un juez depende "sólo, pero siempre, de la ley", y que él ignoró la Ley de Amnistía de 1977 al decidir investigar el franquismo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé apartar de sus funciones a los magistrados "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", como la prevaricación. La suspensión debe ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, que examinará el asunto el próximo 22 de abril.

Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas víctimas, entre ellas Federico García Lorca.

Varela dio ayer 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa. Pero Varela ya rechazó en febrero pasado sobreseer la causa.

El magistrado también considera que no son necesarias más pruebas para esclarecer los hechos –denunciados por el sindicato ultraconservador Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la también ultraderechista Falange Española de las Jons– y deniega todas las solicitadas por Garzón. Éste puede todavía recurrir el auto, pero el recurso será examinado por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el 25 de marzo ya respaldó decisiones de Varela.

Garzón había reclamado que se citara antes a declarar como testigos a personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo consideró procedente.

Entre esos testigos figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán –quien en 1999 procesó a Pinochet en su país– y el juez de la Corte Suprema argentina Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Meses después de declararse competente para investigar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados locales donde se hallan las fosas. El juez explicó que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque cree que los delitos "permanecen" y no prescribieron. Garzón había autorizado la apertura de unas 20 fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.

Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, y tendrá que declarar como imputado el 15 de abril en el Tribunal Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Hay una tercera causa contra el juez por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el "caso Gürtel", uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del conservador Partido Popular (PP).