Por decreto, la Constituyente de Maduro se impone sobre todos los poderes públicos
La ANC venezolana, integrada sólo por miembros del oficialismo, creó una comisión para revisar la violencia política desde 1999. Un quinto alcalde opositor podría ser condenado hoy, después de que Ramón Muchacho recibió 15 meses de cárcel por no frenar protestas.
El régimen de Nicolás Maduro no pierde tiempo. A menos de una semana de instalarse, la Constituyente de Venezuela, integrada sólo por el oficialismo, emitió un decreto que subordina todos los poderes públicos a esta nueva instancia. Un día antes, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, había advertido que desconocería esta medida. La convivencia de poderes se sabía imposible. El aumento de enfrentamientos parece inevitable.
“La Constituyente se considera a sí misma plenipotenciaria y supraconstitucional. O sea, que tiene el poder de destituir a todos los funcionarios públicos elegidos previamente. Fue para eso que Maduro la impulsó, en unas elecciones que no fueron competitivas ni universales”, le explicó a La Voz Ángel Álvarez, profesor de Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela.
“Maduro decidió radicalizar su proceso revolucionario. Quiere anular el resto de los poderes elegidos democráticamente, tanto la Asamblea Nacional como los alcaldes opositores, que están siendo destituidos y encarcelados”, enumeró este consultor en Políticas Públicas para diversas organizaciones y autor de varios libros y artículos.
Mientras 17 cancilleres de la región denunciaban en Lima la ruptura del orden democrático en Venezuela, la polémica Asamblea Constituyente sacó a relucir su carácter plenipotenciario. “Este decreto está destinado a establecer una serie de normas que permitan la convivencia y la relación armónica entre esta Constituyente, que es suprapoder, con los poderes constituidos”, afirmó el primer vicepresidente del organismo, Aristóbulo Istúriz.
“El poder constituido está subordinado a esta Constituyente”, insistió la presidenta del polémico organismo, Delcy Rodríguez.
El decreto fue aprobado durante la tercera sesión de la Constituyente, reunida por primera vez en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo. El edificio fue tomado el día anterior por Rodríguez con el apoyo de guardias nacionales. La oposición lo calificó como un asalto.CUMBRE. "Venezuela ya no es democracia"
ANÁLISIS. Cargas de dinamita debajo de los puentes
Una larga revisión
Además de su decreto de preeminencia, la Constituyente creó una “Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública”, que se encargará de establecer responsabilidades en hechos de “violencia política” que se han producido en el país caribeño desde 1999 hasta ahora.
Su creación fue encargada por el mismo Maduro, que busca encarcelar a todos los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el Gobierno en los últimos meses. La comisión podrá acelerar un proceso que ya inició la Justicia, que hoy decidirá si encarcela a un quinto alcalde opositor, David Smolanzky, del municipio caraqueño de El Hatillo.
Ayer fue el turno de alcalde opositor Ramón Muchacho, del municipio caraqueño de Chacao, quien recibió inhabilitación política y fue condenado a 15 meses de cárcel por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en ese sector.
Previendo la creación de la “Comisión de la Verdad”, el Parlamento había denunciado el lunes que ese paso representa un atropello a los derechos humanos, al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.
La oposición desconoce la legalidad de la Constituyente, elegida el 30 de julio en medio de denuncias de la misma empresa que proveyó la tecnología para el voto. Según Smartmatic, el Gobierno infló en “un millón de electores” la cifra de electores.
La creación de la comisión complementa la medida más resonante que la Constituyente había adoptado hasta ahora: la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien el oficialismo acusa de ser cómplice de la violencia registrada en las protestas que sacuden al país desde abril. En total, más de 120 personas murieron en esas marchas. Según organismos no gubernamentales, más de seis mil personas fueron detenidas en los últimos tres meses.
Las últimas medidas no hacen más que aumentar la inestabilidad. “El nivel de incertidumbre en mi país es altísimo. Lo más caro ahora es la información, cada vez menos accesible”, resume el especialista Ángel Álvarez.
Cada día, los venezolanos se ven sorprendidos por una nueva y polémica medida de un régimen que cada día se aleja más del diálogo y de la democracia.
Resistencia menguada. Las marchas contra el gobierno tuvieron ayer poca asistencia, con una oposición que atraviesa el dilema de inscribir o no a sus candidatos en las elecciones de gobernadores por celebrarse el 10 de diciembre. En el sector El Paraíso no hubo participación, pese a que fue una de las zonas más activas durante los días de protesta.
