Obama propone dar papeles a más de 11 millones de "ilegales"

Washington. Mientras Barack Obama defendía ayer en Wa-shington la necesidad de una ley de inmigración, la madre de un marine muerto en Irak pedía permiso para enterrar a su hijo en Arizona y un aplazamiento de su deportación a México para poder acudir al sepelio.

Esa es la realidad cotidiana de esta nación de inmigrantes. Y esa la realidad que el presidente ha propuesto encarar con una reforma que, sin premiar a los indocumentados, "marque un camino para su legalización", en respeto de sus derechos humanos y en aras de la prosperidad, la grandeza y la preservación de las señas de identidad de Estados Unidos.

Expulsar inmigrantes de este país, por muy ilegales que sean, es tan paradójico e inútil como prohibir la esperanza. Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia del mundo gracias al irresistible magnetismo de su sociedad, resumido en el eslogan del sueño americano. "Los inmigrantes han ayudado siempre a construir y defender este país", recordó ayer Obama. "Ser estadounidense no es un asunto de sangre o de nacimiento; es un asunto de fe, de una fidelidad compartida a las ideas y los valores que son tan queridos para nosotros".

En el caso de los ilegales, que se calculan entre 11 y 12 millones, su delito es el de precipitarse a ese sueño sin pararse en burocracias. Ahora, una vez aquí, su contribución económica, y hasta cultural, resulta ya imprescindible, y tratar de deportarlos, como razonó Obama, es simplemente inviable. Muchos tienen hijos nacidos allí, otros llevan años ocupando sus puestos de trabajo y la mayoría respetan las leyes, están integrados en sus comunidades y pagan impuestos.

La única solución es la aprobación de una nueva ley que señale las reglas para su legalización, de forma que esta se produzca de un modo adecuado y en condiciones que permitan reordenar para un largo período la entrada de más personas en el país. "La legalización significa también que dispondremos de una fuerza de trabajo más joven y, en un mundo crecientemente interconectado, la diversidad de nuestro país es una ventaja muy grande en la competencia mundial", afirmó el presidente.

La apuesta por un país abierto y hospitalario no significa, explicó Obama, la renuncia a proteger las fronteras y aplicar las leyes. "Nuestra nación, como todas, tiene derecho a imponer sus propias leyes de residencia y ciudadanía. Aceptar sin más a los que vinieron ilegalmente podría estimular más inmigración ilegal y perjudicar a las millones de personas en todo el mundo que están esperando en fila para entrar legalmente".

"Hay que pedir responsabilidades a las personas que entraron ilegalmente", dijo también Obama. "Tienen que admitir que quebrantaron la ley, tienen que registrarse, pagar impuestos, pagar una multa y aprender inglés. Hay que pedir responsabilidades también a los empresarios que violan la ley contratando y explotando trabajadores indocumentados", agregó.

Ese es el camino para la racionalización de un problema descomunal y ese será el corazón de la ley que debe aprobar el Congreso. ¿Cuándo? Obama, quien antes se había comprometido a hacerlo este año, no puso ayer plazos. ¿Cómo? Con un acuerdo de los dos partidos. No hay otro modo. "Esa es la realidad política y matemática", admitió el mandatario.

Los demócratas carecen de la mayoría suficiente para pasar la ley en el Senado y ni siquiera están unidos en el respaldo a esa iniciativa. A diferencia de lo ocurrido con las reformas sanitaria o financiera, en materia migratoria no es previsible un corte limpio entre los dos bandos del Congreso; puede haber muchos demócratas en contra y algunos republicanos a favor.

La posición política respecto a la reforma migratoria depende de algunas variantes, como el número de votos hispanos, la situación geográfica del distrito electoral o el grado de presión del sector conservador, que la hacen más fluida e imprevisible que otras. Pero el principal de todos ellos es el de la influencia creciente del electorado de origen latino, al que Obama intenta ahora realinear a su favor.

Tal como ha reconocido la Casa Blanca, el presidente decidió pronunciar ahora este importante discurso atendiendo a la intensificación del debate público provocado por la reciente ley aprobada por el estado de Arizona, que criminaliza a los inmigrantes sin papeles. Obama no despejó ayer la incógnita sobre cuándo piensa el gobierno reclamar ante los tribunales la inconstitucionalidad de esa ley, pero sí se refirió a ella en términos indiscutiblemente descalificadores. "Esa ley -manifestó- tiene el potencial de violar los derechos de ciudadanos norteamericanos y residentes legales inocentes al convertirlos en sujetos de posibles detenciones o interrogatorios simplemente debido a su aspecto o por su acento".

Nada de eso es compatible con la esencia de este país. Estados Unidos, como recordó Obama, es reconocido por una estatua que da la bienvenida en nombre de la libertad a quien se aproxima a la isla de Manhattan. Décadas atrás, algunos eran judíos huyendo de persecuciones. Su lugar lo ocupan hoy, por razones diferentes, los "espaldas mojadas".

En un discurso sobre inmigración en la Facultad de Diplomacia de la Universidad Americana en Washington, ante unas 250 personas, Obama aseguró que su gobierno no irá posponiendo la reforma de un sistema "fundamentalmente fracasado". El último intento de reforma, en 2007, promovido por los senadores Ted Kennedy y John McCain fracasó debido a desacuerdos entre los republicanos sobre cómo tratar a los sin papeles.