Obama interpone freno a ley de Arizona

Washington. Cuando faltaban apenas unas horas para la entrada en vigencia de la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, una jueza le infligió ayer un duro golpe a la legislación, al bloquear sus partes más polémicas.

La jueza distrital Susan Bolton emitió una orden preliminar que suspende de manera temporal los artículos más polémicos de la Ley SB 1070, conocida como "Ley Arizona", aunque la norma sigue vigente y los grupos de inmigrantes piensan mantener su activismo a favor de una reforma de las leyes migratorias.

Bolton, quien lleva la denuncia presentada por el gobierno federal contra la ley de Arizona, basó su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa "perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos estadounidenses, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado".

La ley "requiere" a la policía comprobar el estatus migratorio de una persona retenida por la comisión de cualquier falta -tan simple como una infracción de tráfico o la violación de una ordenanza municipal- cuando ésta resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al país de manera ilegal.

La policía puede, de acuerdo a esa ley, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobación.

Bolton, una antigua juez de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza también otros tres artículos polémicos, como el que acelera los procesos de deportación y el que convierte en delito el hecho de no portar papeles. Dejó vigentes, a partir de hoy, sólo aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes ilegales en las calles para llevarlos a trabajar y el que crea los mecanismos de reclamo en el caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.

Una larga batalla. Los especialistas creen que la decisión judicial será elevada a un tribunal de apelaciones por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y el gobierno central para conseguir su completa revocación.

Barack Obama recurrió la ley ante los tribunales por considerar que Arizona no tiene competencia constitucional para legislar sobre una materia reservada en exclusiva a las autoridades federales.

También es seguro que la batalla larga y costosa en los tribunales- que acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo- será encarnizada en la arena política.

Obama asumió un alto riesgo al denunciar la ley de Arizona, que cuenta con el apoyo de un 60 por ciento de estadounidenses, según distintas encuestas.

Este asunto será uno de los temas estrella de cara a las legislativas de noviembre.

Las organizaciones hispanas están preocupadas de que los brotes racistas se hagan más frecuentes por la paralización de la ley de Arizona, y han convocado manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y de los derechos de los inmigrantes. Un grupo de niños, hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos, se concentró ayer frente a la Casa Blanca para pedir que sus padres no sean deportados.

Frustrados. Uno de los más frustrados por la decisión de la jueza Bolton es el sheriff Joe Arpaio, quien aseguró que no le impedirán que cumpla con su trabajo de limpiar las calles de indeseables.

"Nada ha cambiado en la lucha contra la inmigración ilegal", apuntó el alguacil del condado de Maricopa, quien dijo que quienes estén en Estados Unidos de forma ilegal serán entregados a las autoridades de Inmigración y Aduanas.

A su vez, la gobernadora republicana de Arizona que firmó la ley el 23 de abril, Jay Brewer, consideró el dictamen de la jueza como "una piedra en el camino", pero aseguró que "la batalla no ha hecho más que empezar" y se mostró convencida de que, al final, "el derecho de Arizona de proteger a sus ciudadanos prevalecerá".