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Masivo clamor en México por los estudiantes desaparecidos

Las manifestaciones colmaron calles de la capital de Guerrero, del Distrito Federal, y se replicaron en otras ciudades del país y el extranjero. El alcalde de Iguala sigue prófugo.

09 de octubre de 2014 a las 12:01 a. m.
Agencias AP y EFE
Masivo clamor en México por los estudiantes desaparecidos
En Chilpancingo. Familiares, compañeros y miles de habitantes de Guerrero demandaron la aparición de los jóvenes y aclarar el hecho (AP).

Chilpancingo (México). Decenas de miles de estudiantes, profesores, activistas y residentes marcharon ayer por una de las principales avenidas de la capital del estado sureño de Guerrero para demandar la localización de 43 alumnos del magisterio desaparecidos hace más de una semana, tras ser atacados por policías locales, en un caso que ha recibido la condena dentro y fuera de México.

Los manifestantes se reunieron en Chilpancingo, la capital estatal, y bloquearon en ambos sentidos la Autopista del Sol, la carretera federal que va hacia la Ciudad de México y caminaron detrás de una pancarta en la que se leía “¿Quién gobierna Guerrero?”, en referencia al presunto hecho de que policías locales al servicio del narcotráfico han sido implicados en las desapariciones.

“¿En manos de quién estamos?”, se preguntó Rosa Ruth Rodríguez Mendiola, de 44 años y un ama de casa de la localidad de Atoyac. “No tenemos gobierno”, reclamó la mujer.

Cuarenta y tres estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, cuando el 26 de septiembre policías municipales atacaran los colectivos en los que viajaban.

En el ataque murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 25 alumnos más resultaron heridos.

Las manifestaciones para exigir la localización de los jóvenes se repitieron en otras ciudades, como el Distrito Federal, donde algunos padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron a miles de estudiantes, activistas y ciudadanos comunes. Incluso hubo movilizaciones fuera del país, como en Los Ángeles.

Los estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del alcalde, María de Los Angeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales. De repente, se oyeron disparos a una docena de cuadras y la gente con miedo.

Algunos piensan que ambos incidentes están relacionados pero funcionarios federales dijeron el martes que aún no tienen una explicación sobre lo ocurrido ese 26 de septiembre.

Durante el discurso hombres vestidos de civiles, habían estado custodiando a Pineda Villa, una mujer que, según las autoridades, tiene familiares con vínculos con el crimen organizado. Funcionarios federales y estatales han acusado a la policía de Iguala de estar infiltrada por grupos de narcos que patrullaban las calles del lugar.

Javier Monroy, un activista de derechos humanos en Chilpancingo y que ha apoyado a los familiares de los desaparecidos, sugirió que el ataque pudo haber sido provocado por un cartel de las drogas local llamado Guerreros Unidos, que pudo pensar que los estudiantes iban a afectar el discurso de Pineda.

Los estudiantes se habían negado en el pasado a pagar las extorsiones que un cartel narco les había exigido. El grupo también es conocido por bloquear carreteras y otras protestas.

El caso ha alcanzado nueva atención luego de que el fin de semana se encontraron fosas clandestinas en una barriada pobre a las afueras de Iguala, donde autoridades han dicho que encontraron 28 cadáveres y analizan si corresponden a algunos de los desaparecidos.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el martes que no especularía sobre el posible nexo entre el discurso de la esposa del alcalde José Luis Abarca y la violencia.

El alcalde Abarca, es ahora un fugitivo y las autoridades han arrestado a 22 policías locales. Más de 200 policías han sido reemplazados por agentes de la Gendarmería, creada por el actual gobierno federal.