Librarse de su riqueza, dilema de un presidente millonario

Washington. Unas 500 empresas, al menos cuatro mil millones de dólares en patrimonio neto, negocios que van del cuidado de la piel a rascacielos: calificar de opaco al entramado empresarial de Donald Trump es poco. En 2015 recaudó 41 millones de dólares sólo en concepto de alquiler.

Pero ¿qué ocurrirá cuando Trump se convierta el 20 de enero en el presidente número 45 de Estados Unidos? Lo que suena como un problema de millonarios es en realidad uno de los mayores retos que tiene que afrontar el magnate de 70 años devenido en político.

Expertos legales creen que las relaciones de negocios poco claras serán uno de los mayores riesgos para Trump, quien en el peor de los casos podría ser sometido a un proceso de destitución.

Ayer, Trump quería anunciar la manera en que pretendía informar sobre el futuro de sus negocios mientras esté ocupado en el mundo de la política durante su mandato en la Casa Blanca. Pero la rueda de prensa se aplazó y no hablará tal vez hasta enero.

El patriarca del clan quiere ver a sus hijos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, en el papel de administradores de su obra vital empresarial. Pero no es tan fácil. Al menos a Ivanka quiere también contratarla como una especie de asesora en la Casa Blanca e impulsa que sus hijos lo ayuden a buscar miembros de su gabinete.

Cada vez que piensa en su legado como empresario, Trump choca con el derecho empresarial. E incluso la Constitución se le pone con frecuencia en su camino.

Como siempre cuando las cosas se complican, Trump busca una vía de defensa en la red social Twitter, donde ya ha reiterado que quiere dejar su patrimonio en manos de sus hijos y de gestores independientes. “Durante mi mandato no habrá nuevos acuerdos empresariales”, prometió.

Al parecer, a Trump lo asusta depositar su patrimonio en un fideicomiso ciego, blind trust, como se conoce en Estados Unidos, y dejarlo administrar de modo independiente en su mandato, sin tener conocimiento sobre el manejo de sus bienes en ese período.

Así lo hicieron, por ejemplo, el presidente Jimmy Carter, con su imperio del maní en Georgia, y el empresario mediático Michael Bloomberg, durante su tiempo en la alcaldía de Nueva York.

Trump no está obligado hacerlo, algo que no deja de repetir. La legislación estadounidense no incluye ninguna ley fundamental que prescriba la forma en que un presidente electo debe proceder con su patrimonio. Pero un error en la toma del poder podría causarle complicaciones más graves.

La primera cuestión candente ya está ahí: el Deutsche Bank es el mayor acreedor de Trump. Su entramado empresarial depende de créditos que le concede el mayor de los bancos alemanes. Y esa institución es objeto de procedimientos jurídicos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo afrontará esta cuestión el presidente y empresario Trump?

Otro dilema: su nuevo hotel en Washington, promovido con su hija Ivanka, sirve de alojamiento a diplomáticos e invitados internacionales. ¿Obtendrá beneficios el futuro presidente de Estados Unidos de los gastos de alojamiento de su gobierno a la hora de hospedar a sus visitas de Estado? Los demócratas ya han exigido a Trump que anule su contrato de alquiler de ese hotel, ya que el edificio que lo alberga es propiedad de la Administración General de Servicios, del Gobierno Federal.

No se puede exigir al presidente que “pulverice” sus bienes privados cuando llegue al cargo, escribe Tom Fitton, presidente de la asociación Judicial Watch, cercana a los republicanos, en The New York Times. “Ello disuadiría a todo el que tenga éxito económico a concurrir por cargos públicos”, alega. Pero incluso Fitton recomienda: Trump debe retirarse de sus negocios y no puede aceptar ni un solo céntimo de los beneficios de su imperio.

*Agencia DPA