La legalidad y el derecho de un pueblo a decidir
La firma de la convocatoria del referéndum tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada “ley del referéndum”, una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.
“Catalunya decidirá democráticamente su futuro el 1° de octubre”, dijo el presidente de la Generalitat (Gobierno regional), Carles Puigdemont, tras la firma del decreto de convocatoria en una declaración institucional.
“Nadie tiene la autoridad ni el poder de incautarnos el derecho a decidir. No nos dejaremos desahuciar de la democracia”, añadió ante una bandera de Catalunya y otra de la Unión Europea (UE).
La firma de la convocatoria del referéndum tuvo lugar después de una tensa sesión parlamentaria de casi 12 horas en la que se aprobó la llamada “ley del referéndum”, una norma con la que los independentistas pretendían dar cobertura legal a la consulta.
“Están situando a este Parlamento fuera de la legalidad”, dijo la jefa de la oposición catalana, Inés Arrimadas, quien tras la aprobación de la “ley del referéndum” anunció una moción de censura contra Puigdemont (con nulas posibilidades de prosperar) con la meta de convocar a comicios regionales y evitar lo que consideró “un choque de trenes” con Madrid.
Por el contrario, el bloque independentista rechazó cualquier irregularidad y defendió la ley: “Hoy no termina nada. Hoy empieza todo”, dijo el líder parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas. “Es la respuesta a una situación injusta. Hablamos de derechos humanos y de los pueblos”.
