"La cultura de violación sobrevive en democracias"

"El 70 por ciento de los casos que llegan al sistema interamericano tiene que ver con graves violaciones al derecho de la vida", asegura Carlos Ayala Corao con voz grave, sólo unas horas antes de ser nombrado visitante ilustre de la Universidad Blas Pascal, donde dictó una serie de clases sobre la jurisprudencia en el continente.

Con sólo 53 años, ya fue miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) entre 1997 y 1999, miembro de la Comisión Andina de Juristas desde 1993 hasta febrero pasado, organismo que presidió durante los últimos ocho años, y asesor en Derechos Humanos de varios organismos internacionales. En su primera visita a Córdoba, el profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional venezolano afirma que en Latinoamérica no hay democracias plenas y que la región está atravesada por varios tiempos, aunque ve una actitud generalizada de búsqueda de justicia histórica y confía en el papel de las cortes internacionales.

-Hay países de Latinoamérica, como Chile, Uruguay y Brasil, que aún mantienen sus leyes de amnistía dictatoriales. En ese contexto, ¿cómo evalúa la política argentina al respecto?

-En Argentina hubo una actitud muy importante de la sociedad civil para conseguir una justicia histórica para las víctimas. Me parece muy bien que un país no pase la página antes de leerla. Me parece muy bien que para el futuro de Argentina estos casos hayan podido ser ventilados y los responsables sancionados. Una sociedad que hace eso tiene derecho, en el buen sentido de la palabra, a pasar la página y a enfrentar los nuevos retos.

-Pero hay países de la región que aún no pueden pasar la página.

-Sí, pero más allá de que haya algunos países que no han leído su página, hay un movimiento en ese sentido en la región. Puedo mencionar el caso de Perú, que lo hizo antes que Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia del caso Barrios Altos -que después citó la Corte Suprema de Argentina-declaró que no tenían efecto alguno las leyes de amnistía. En este momento, acabó de entrar en la Corte Interamericana un cuestionamiento a las leyes de amnistía uruguayas. O sea que hay una tendencia contra las amnistías que impiden las investigaciones y sanciones en materia de derechos humanos.

Un reto actual

-Cuando se habla de derechos humanos, uno se remonta a los años de plomo. ¿Pero cuáles son las actuales violaciones a derechos humanos?

-Voy a dar una respuesta muy triste. A pesar de que en América latina tenemos gobiernos electos democráticamente, no tenemos democracias plenas. El 70 por ciento de los casos que llega al sistema interamericano tiene que ver con graves violaciones al derecho de la vida, con torturas, detenciones arbitrarias, masacres que ocurren en Colombia, en las cárceles de Venezuela. Si bien no son políticas de Estado de violación masiva, Latinoamérica está en varios tiempos. Está en este tiempo en el que hay casos duros de derechos humanos, y un segundo tiempo dentro de algunos países en los que se presentan problemas más modernos, relacionados con el debido proceso, la independencia judicial, los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas. Se pensaba que cuando se terminaran las dictaduras no habría más violaciones, y lo que vemos es que la cultura de violación e impunidad sobrevive aún en las democracias y no se han superado muchos de los viejos temas.

-En medio de todo esto, sucedió Honduras. ¿Cómo pudo darse un golpe de Estado en el siglo 21?

-La carta democrática interamericana fue aprobada con la idea más preventiva que de sanción, porque para sanción de los golpes ya existían resoluciones. Me parece que los estados, en el seno de la OEA, tienen que manifestar un interés mucho más grande a la protección colectiva de la democracia. La OEA debió tener un trabajo preventivo mucho más intenso. El problema es que los estados están representados a través del poder Ejecutivo, los embajadores. Cuando se plantean problemas como el cierre de poderes judiciales, los embajadores no lo llevan. Frente a los hechos ocurridos, indudablemente debía adoptarse la sanción. Ahora hay que tratar la reincorporación plena de Honduras a la OEA. Y juzgar a los responsables.

Injustificable

-En su guerra contra el terrorismo, Estados Unidos justifica todo tipo de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se explica?

-Parece mentira que a raíz de esta nueva guerra contra el terrorismo, Estados Unidos haya incurrido en esas violaciones a los derechos humanos autorizadas inclusive por memorándum del departamento de Estado en la época de George W. Bush, que permitía tratos crueles e inhumanos, mecanismos como las "rendiciones extraordinarias", que eran secuestros de personas, interrogarlas con mecanismos de tortura. Todo eso es resultado de esa soberanía patriota absoluta que se afirmó durante la era Bush. Lo que más impresionó fue la renuncia, durante esos años, de los tribunales estadounidenses a firmar la jurisdicción sobre esos temas. Hoy vemos que el presidente Barack Obama dejó sin efecto algunas de esas prácticas y que estudia el cierre de Guantánamo.

-Las cortes internacionales no investigan a las grandes potencias y se reducen al mundo subdesarrollado. ¿Puede esta justicia alcanzar a las naciones que mueven los hilos del mundo?

-Por de pronto, Estados Unidos está sometido a la comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha decidido una serie de casos contra ese país. Al mismo tiempo, Rusia, al notificar los convenios del Consejo de Europa, entró bajo la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque no está cumpliendo con las sentencias de esa corte. Europa ha dado un ejemplo de cómo el primer mundo también se puede someter al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional, a Naciones Unidas, a la Corte Europea. Es verdad que hay una tarea pendiente de las grandes potencias, como China, Rusia y Estados Unidos, para seguir el ejemplo del sometimiento al derecho internacional que ellas mismas predican.

-Entonces, ¿sirve la justicia internacional?

-Creo que sí. Se deben ver los casos que se han logrado en el Tribunal de Bosnia, de Yugoslavia, de Ruanda, y el trabajo cada vez más creciente, aunque empezó un poco lento, de la Corte Penal Internacional, con los casos de África. Me atrevería a apostar que, en los próximos años, se expandirá a otros países.