Imputan a la infanta por blanqueo de capitales

Palma de Mallorca. El juez José Castro, que investiga desde hace tres años los negocios ilegales de Iñaki Urdangarín, confirmó la imputación de la esposa de este, Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, por delito fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma, según una investigación judicial que acumula 32 mil folios de documentación, se benefició de los negocios ilegales de su marido con las administraciones públicas, cuyos beneficios iban a una empresa, Aizoon, de la que ambos compartían propiedad al 50 por ciento. Así lo dijo el juez, quien hizo público ayer el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso anterior a la apertura de la vista oral. Castro le imputa a Iñaki Urdangarín nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.El auto del juez, que busca sentar en el banquillo a la infanta, mantiene la imputación sobre 16 de las 32 personas implicadas en la causa, muchos de ellos pertenecientes a la trama empresarial montada por Urdangarín y su socio, Diego Torres, y otros ex altos cargos de administraciones, quienes adjudicaron a dedo los contratos al llamado Instituto Nóos. Tras su investigación judicial, el juez sostiene que hay suficientes indicios de delito en la actuación de las personas imputadas como para llevarlas a juicio. La lista incluye al expresidente del gobierno balear, Jaume Matas, y los ex altos cargos de ese Ejecutivo: Pepote Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet. También están imputados el exsocio de Iñaki Urdangarín, su esposa Ana María Teijeiro y sus hermanos Miguel y Marco.De la Generalitat Valenciana han sido imputados los ex altos cargos Luis Lobón, José Miguel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. La lista se completa con la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen. Urdangarín y su socio cobraron más de seis millones de euros a los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana por organizar eventos en los que apenas gastaron dos millones de euros. Recibieron los contratos a través del Instituto Nóos, que se presentaba bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, el Instituto Nóos desviaba el dinero público conseguido por esta vía hacia empresas privadas, propiedad de Urdangarín y Diego Torres. Una de esas empresas era Aizoon, cuyos propietarios eran Cristina de Borbón y su esposo. A través de esta empresa, el matrimonio gastó dinero para cuestiones particulares que hacían pasar ante Hacienda como gastos propios de la actividad de la entidad mercantil.La decisión del juez de sentar en el banquillo a los duques de Palma será recurrida por la defensa de ambos, por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

El caso Nóos arranca de un hallazgo casual durante la investigación del caso Palma Arena, abierto a raíz de una denuncia del gobierno balear, presidido por el socialista Francesc 
Antich, ante el sobreprecio detectado en las obras de un polideportivo, que pasó de 48 millones, precio de licitación, a más de 110 millones de euros. En uno de los registros ordenados por el juez, encontraron documentación que hacía referencia a los convenios que el gobierno balear firmaba con el Instituto Nóos para la organización de eventos de turismo y deporte.

Al tirar de ese hilo, el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach descubrieron la trama empresarial que montaron Urdangarín y Torres para defraudar, malversar caudales públicos y apropiarse, indebidamente, del dinero de administraciones.

Tres años después de la investigación abierta a raíz de aquel hallazgo casual, que no tenía nada que ver con el objeto de las pesquisas sobre un polideportivo que se disparó de precio, los duques de Palma están a un paso del banquillo.

Aplazo. El daño a la imagen y el prestigio de la familia real ha sido enorme, hasta el punto que su nota en las encuestas entre los españoles ha caído hasta el 3,72, cuando llegó a superar el 7.

Última gestión. El rey saliente, Juan Carlos I, llegó a involucrarse en buscar una solución a los sospechosos negocios de su yerno tras ordenarle abandonar el instituto Nóos en el año 2006, cuando los grupos de la oposición en el Parlamento balear se empezaron a preocupar por los contratos a dedo que le adjudicaba el gobierno de Jaume Matas, del Partido Popular.

Respeto al fallo. Tras conocerse la noticia de la imputación de ayer, la Casa del Rey expresó su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”.