Francia endurece las disposiciones, incluso para los enfermos

París. El Parlamento francés aprobó (con los votos en contra de la izquierda) la quinta Ley de Inmigración que Francia redacta desde 2003. En este caso, se trata de un texto encaminado a perseguir la inmigración irregular, que ha sido muy criticado por la oposición y por determinadas asociaciones de derechos humanos ya que, en la práctica, endurece las condiciones de residencia de personas extranjeras en suelo francés. Desde que empezara a tramitarse esta polémica y discutida ley, hace dos años, se han sucedido al frente del Ministerio del Interior tres ministros distintos y el texto ha sufrido varios cambios y modificaciones. La más relevante, impulsada por los diputados centristas, es la retirada de una propuesta del gobierno de Nicolas Sarkozy que pretendía quitar la nacionalidad a las personas naturalizadas en Francia que atentaran contra policías y agentes de la autoridad. Lo que no se ha modificado es la mayor agilidad de que dispondrán ahora las autoridades francesas para expulsar a inmigrantes en situación irregular recién llegados a Francia.La ley también incluye disposiciones para dar cobertura legal a la expulsión de los inmigrantes gitanos provenientes de Rumania o Bulgaria, una práctica que ya generó una polémica internacional. Hasta ahora, con la ley en la mano, no era fácil expulsar a estos inmigrantes, europeos al fin y al cabo. El año pasado, por ejemplo, se recurrió a dar 300 euros a cada inmigrante que quisiera volver. A partir de ahora, estos inmigrantes lo tendrán más difícil. La ley no permitirá la "mendicidad agresiva", esto es, la "ocupación ilegal de un terreno ilegal público o privado o resultar una carga no razonable para el sistema de seguridad social". La ley también establece "zonas de espera especial", campos delimitados que se habilitarán en situaciones en que exista una gran y repentina afluencia de inmigrantes irregulares a fin de facilitar su expulsión.La ley modifica una norma que obligaba al Estado a recibir a los inmigrantes enfermos que no pudieran hacer frente a su curación en su país de origen. El texto actual precisa que ahora sólo se alojará a aquellos inmigrantes cuyo tratamiento no sea posible en el país de origen. La oposición de los diputados centristas, que insistían en que una cosa es que el tratamiento no exista y otra muy distinta tener acceso a él, ha hecho que la ley incluya una cláusula que especifica que se tendrán en cuenta en "ciertas circunstancias especiales".