Espionaje masivo, paranoia generalizada

Barack Obama pasará a la historia como el primer candidato presidencial de Estados Unidos que hizo del uso de las redes sociales el más eficiente trampolín para la victoria electoral.

El presidente y sus estrategas se jactan de haber advertido las ventajas de la comunicación directa con el ciudadano y de haber sabido utilizar esas herramientas para convencer a los votantes y captar adhesiones.

Paralelamente, esa estrategia es acompañada por otras más oscuras y menos publicitadas: por una parte, las cada vez más notorias restricciones para que la prensa (y por lo tanto la ciudadanía) pueda acceder a información sensible. Por otra, la presión sobre funcionarios de todo escalafón para evitar las filtraciones al estilo WikiLeaks.

Así se indica en el informe “El gobierno de Obama y la prensa. Investigaciones sobre filtraciones y vigilancia en Estados Unidos”, del Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ, su sigla en inglés), publicado el 10 de octubre pasado.

El documento indica que la Casa Blanca “limita la divulgación de información y despliega a sus propios medios para evadir el escrutinio de la prensa. El agresivo procesamiento de informantes de material clasificado y una vigilancia electrónica generalizada está disuadiendo a las fuentes gubernamentales de hablar con los periodistas”.

Los funcionarios sospechosos de conversar con periodistas acerca de cualquier asunto que el gobierno haya clasificado como secreto son objeto de investigación “e inclusive de pruebas de polígrafo y el escrutinio de sus teléfonos y correos electrónicos”, señala el informe.

El informe también revela que cada departamento del gobierno está instrumentando un “Programa contra Amenazas Internas” que obliga a todos los empleados federales a vigilar el comportamiento de sus colegas para evitar filtraciones de información sensible.

Otro dato muy significativo es que “desde 2009, seis empleados gubernamentales (además de dos contratados, entre ellos Edward Snowden) fueron objeto de procesos penales por delitos graves según la Ley sobre Espionaje de 1917 por filtrar información clasificada a los medios”. Nunca antes en la historia del país, según el CPJ, se había producido esta cantidad de procesamientos judiciales. Es la forma que encontró el gobierno de evitar filtraciones como las de Bradley Manning a Wikileaks y las de Edward Snowden.

Para completar el informe, el CPJ entrevistó a 30 periodistas de diferentes medios estadounidenses que llegaron a conclusiones lapidarias sobre la declamada pero no practicada transparencia del gobierno. Incluso llegan a afirmar que el gobierno de Obama ha resultado más restrictivo para la libertad de prensa que el de George W. Bush y su Ley Patriota, adoptada por el Congreso tras el 11-S.

Por ejemplo, Margaret Sullivan, defensora del lector de New York Times , aseguró que "está resultando ser el gobierno del secreto sin precedentes y de ataques sin precedentes contra la prensa libre".

Scott Shane, periodista de temas de seguridad nacional del mismo diario advirtió: “la cobertura informativa exhaustiva de las actividades de gobierno es uno de los pilares de la democracia estadounidense” y la manipulación y ocultamiento de la información impide alcanzar ese objetivo.

Rajiv Chandrasekaran, especialista en seguridad nacional en The Washington Post y miembro de la junta directiva del CPJ, indicó que el temor al espionaje y las represalias se extiende incluso a funcionarios de segunda línea que se ocupan de temas no tan delicados como la seguridad, pero sí de interés público. "Así se mantienen los actos de gobierno al margen de la necesaria rendición de cuentas", explicó.

“Obama emplea a las redes sociales para evadir a los medios por completo”, opinó por su parte Frank Sesno, ex jefe de la corresponsalía en Washington y director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

Así, no es de extrañar que las notas periodísticas basadas en documentos clasificados obtenidos de Edward Snowden “hayan revelado masivas actividades de vigilancia de los teléfonos y correos electrónicos de los estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, su sigla en inglés)”.

La Casa Blanca asegura que a través de su sitio web y el uso de las redes sociales mantiene bien informada a la ciudadanía, y puede ser cierto en lo que hace a las actividades de agenda abierta que sirven de propaganda. Recepciones, visitas y anuncios que el gobierno quiere difundir están a mano. Tampoco se han dejado de realizar conferencias de prensa en todos los poderes del Estado sobre los temas más diversos, incluso en la Casa Blanca. La comunicación de los legisladores (representantes y senadores) con los ciudadanos de sus distritos es mucho más directa y efectiva que la inexistente en nuestro país, por citar un ejemplo. Tan lejos no se ha llegado.

Pero la denuncia del CPJ apunta a que escasea la información que necesitan periodistas, organizaciones intermedias y ciudadanos comunes a la hora de exigir la rendición de cuentas del gobierno sobre sus políticas y acciones. Todo un desafío para un gobierno y un país que se jactan de la transparencia de su gestión y el respeto a la libertad de prensa.