Eliminan amnistía a militares de la dictadura uruguaya

Un cuarto de siglo después de su entrada en vigencia y tras ser respaldada en dos plebiscitos populares, el oficialismo uruguayo eliminó hoy una ley de amnistía que evitó que los militares de la dictadura (1973-1985) fueran juzgados por violaciones a los derechos humanos."Terminó la impunidad", dijo Luis Puig, diputado del oficialista Frente Amplio, al celebrar la votación en la Cámara de Diputados en la que la mayoría oficialista se impuso con 50 votos contra 40 de la oposición. El proyecto ya había recibido media sanción en el Senado y debe ahora ser promulgado por el Poder Ejecutivo."Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la Justicia", dijo el presidente José Mujica al ser consultado por la prensa respecto de la ley.En los hechos la nueva norma elimina la ley de amnistía de 1986, al declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos durante el régimen de facto y eliminar la prescripción de esos delitos que debía entrar en vigor el próximo 1 de noviembre, tras cumplirse el plazo que dispone el Código Penal.Para el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional, "con la ley que aprobó el parlamento, el Frente Amplio arrancó varias hojas de la constitución nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente" al desconocer los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la ciudadanía respaldó ampliamente la ley.El constitucionalista y ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre, dijo a la AP que la constitución establece como soberana la voluntad popular manifestada en un plebiscito y "no es susceptible de ser derogada por el Poder Legislativo... (el Parlamento) desconoce la voluntad del cuerpo electoral"."Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", sostuvo Mujica.El Frente Amplio sostiene que la revocación de la prescripción cumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que reclamó al gobierno remover los obstáculos legales que impedían juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, declaró a la prensa que a los dos plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad "se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática".Agregó que "los derechos humanos no están a disposición de las mayorías, sino que son derechos de las minorías y, por lo tanto, deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías".Van Rompaey aseguró que la SCJ estudiará la eventual inconstitucionalidad de la nueva norma "en el caso de que se plantee alguna acción".El coronel retirado Guillermo Cedrez, presidente del Círculo Militar, anticipó días atrás a la AP que de eliminarse la amnistía los militares estaban dispuestos a denunciar ante la justicia a los ex tupamaros --movimiento armado al que perteneció Mujica-- que no respondieron por sus crímenes porque o huyeron del país o no fueron enjuiciados.Una vez promulgada la ley por el Poder Ejecutivo, lo que se espera ocurra de inmediato, podrían abrirse decenas de denuncias contra uniformados.Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina durante la campaña coordinada de represión de las dictaduras del Cono Sur llamada "Plan Cóndor".