El opaco pero legal negocio de la inmigración en Estados Unidos

La idea de libertad económica descripta por el célebre Adam Smith hace dos siglos y medio, tan militada históricamente por Estados Unidos, se presentó a menudo por republicanos y por demócratas como una consecuencia de la libertad humana general, en la que la potestad de elegir de modo individual se supone más intrínseca y beneficiosa a la naturaleza del hombre.

En esa línea de pensamiento, el Estado, dejando hacer, se convertiría en garante de tales libertades. Pero sucede que Estados Unidos dejó hacer tanto, que la libertad económica, en la cuestión que sigue, acabó por convertirse en el lazo, el barrote, en la cadena tecnológica que somete y, posiblemente, coarta derechos humanos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) captura, enjuicia y deporta indocumentados ilegales, mediante un proceso que, en lo abstracto, se asemeja al de casi todo país del mundo. Los capturados permanecen en prisión hasta que la Justicia resuelve su situación con arreglo al “imperio de la ley”, la ley del libre contrato.

En la mayoría de los casos, caen latinos pobres con bajo nivel de educación que trabajan de manera informal y no tienen ninguna chance económica de pagar un abogado, ni de mantener a sus familia mientras están encerrados.

El Gobierno federal no los quiere en las cárceles porque implican un costo altísimo (120.500 dólares per capita al año, según la Secretaría de Estado) y, por eso, implementa un sistema de fianzas para que puedan estar afuera mientras dura el proceso judicial. En 2013 el costo promedio nacional de fianzas era de 5.400 dólares; en 2016 fue de 9.300 dólares (datos del Departamento de Justicia).

La Voz estuvo en dos estados diferentes de Estados Unidos (Florida, Nueva York) y en el Distrito Capital (Washington) y pudo sondear que el grueso de los ilegales cobra por sus trabajos no calificados en cocinas, hoteles y servicios domésticos entre ocho y 15 dólares la hora: con el costo de vida norteamericano, es realmente improbable que los indocumentados puedan hacer frente a la fianza para salir. Y es en ese punto en el que nace el negocio que hace de los inmigrantes, una especie de esclavos vigilados por satélite en manos de empresarios que se ubican en los límites de la ética, pero dentro de la ley estadounidense.

MIRÁ. Un sistema que genera mercado: Justicia lenta, fianzas permitidas

Mike Donovan y Richard Moore, los socios de la empresa Libre by Nexus, que opera desde 2010, encontraron el hueco más oscuro en el sistema de Justicia estadounidense. "Y ese hueco oscuro es la inmigración, donde ayudamos", dijeron alguna vez al periódico Tiempo Latino, de Washington.

¿A qué se dedica Libre by Nexus? El nombre de la firma ya es un eufemismo de por sí. Sacan a los indocumentados de la cárcel, les atan una tobillera de geolocalización y les cobran por mes su alquiler. El costo básico es de 420 dólares mensuales, más de cinco mil dólares por año. Libre by Nexus facturó 30 millones de dólares en 2016 y anunció una inversión inmobiliaria de 18 millones de dólares que incluye un “museo del inmigrante” en Virginia, donde tiene una sede.

¿Qué pasa si no pagan los indocumentados? Usuarios demandaron a la empresa porque afirman que esta los amenaza con denunciar desacato y meterlos a la cárcel si entran en mora. El caso insigne es el de Nefi Flores, un salvadoreño indocumentado en el estado de Washington que denunció extorsión, pero aun así no se quita la tobillera porque el leonino contrato en inglés (idioma que no habla) lo obliga a pagar más de cuatro mil dólares si lo hace.

Sin embargo, la Justicia norteamericana, al menos en primera instancia, viene hasta ahora fallando en favor de la libertad comercial: los individuos firman un contrato y aceptan las condiciones antes de ponerse el GPS. Que estén desesperados, despojados y en inferioridad de condiciones no es invalidante de la obligación contractual: laissez faire.

Lucro incesante. Los ilegales trabajan mes a mes para pagarle a Libre by Nexus.

Geolocalizados. Más de 12.500 indocumentados tienen puestas las tobilleras de geolocalización provistas por Libre by Nexus en Estados Unidos.

Costo. A 420 dólares por persona por mes, la empresa genera una facturación anual de 73,5 millones de dólares.

Ganancia. La firma que ahora tiene más de 10 sucursales en territorio norteamericano presentó en 2016 al fisco utilidades por 30 millones de dólares.

Mercado. Migraciones apresó a 680 mil indocumentados durante 2016. La fianza promedio es de 9.300 dólares.

Multa y barrotes. Intentar quitarse el GPS implica volver a la cárcel y pagar aun más.

Quien se atreve a quitarse la tobillera GPS, además de tener que pagar cuatro mil dólares, inmediatamente es denunciado por fraude y vuelve a la cárcel: Tribunales de primera instancia fallaron en favor de Libre by Nexus argumentando que el contrato es firmado por el cliente de manera no forzada.