El gobierno presiona a la Justicia ante el cerco a Lula
El oficialismo exige el fin del juicio a Dilma para que el país recobre la estabilidad. Un ministro advierte que retirará a policías del caso Petrobras si hay nuevas filtraciones.
Brasilia, Río de Janeiro. El gobierno brasileño incrementó ayer su presión ante los tribunales y la policía. Es que el cerco judicial al Ejecutivo y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es cada vez más estrecho. La decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de anular su nombramiento como ministro le impide disfrutar de fuero privilegiado y esquivar al magistrado que lo investiga por corrupción. El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el STF la decisión cautelar que en la noche del viernes congeló el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia."Tenemos absoluta discordancia con el fallo y vamos a apelar porque el acto presidencial fue legal, no existe ningún vicio", apuntó Cardozo.La decisión tomada por el magistrado Gilmar Mendes puso fin a un torbellino de sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, principal responsable de la investigación del caso de corrupción en Petrobras.Hasta que el plenario del STF no se reúna y vote la decisión de Méndez, la situación de Lula está en manos de Moro.
Razones
En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente con el propósito de impedir” un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de San Pablo solicitó una orden de prisión preventiva, que aún no ha sido analizada por la Justicia.
El juez Mendes, objetado por el oficialismo por ser abiertamente contrario al Partido de los Trabajadores (PT), acogió un pedido de partidos opositores para impedir el nombramiento de Lula realizado el jueves por la presidenta Dilma Rousseff.
Su decisión fue un jarro de agua fría para la mandataria, quien albergaba la esperanza de que Lula contribuya a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento que se enfrenta a un posible juicio político que persigue su destitución.
El día de la designación de Lula, según reportó el diario
O Globo
con una fotografía, el juez Mendez almorzó en un restaurante de Brasilia con el senador José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, opositor), y con el economista Arminio Fraga, expresidente del Banco Central en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).
Advertencia
Las tiranteces entre el gobierno y los responsables de las investigaciones de corrupción ganaron un nuevo capítulo ayer con el aviso de que se retirará del caso Petrobras a policías que están a su cargo si ocurren nuevas filtraciones a la prensa.
Esa advertencia fue proferida por el nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragão, y recibió la inmediata respuesta de la Asociación de Comisarios de Policía, que la tildó de “interferencia en la investigación”.
El director de esa asociación, Carlos Eduardo Miguel Sobral, consideró que la declaración del ministro trasluce la prisa del gobierno para dar un carpetazo a las pesquisas, que salpicaron a importantes políticos, entre ellos Lula, denunciado formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación.
Sin embargo, el ministro justificó la medida para evitar que el proceso judicial se politice mediante “filtraciones selectivas” de los casos que afectan a personalidades oficialistas.
Convocatoria exitosa
Al margen de su particular batalla con los tribunales, el oficialismo recibió ayer con alivio la noticia de la asistencia masiva a manifestaciones celebradas el viernes en todo el país en apoyo de Rousseff y de Lula.
Si bien fueron menores que las marchas que realizó la oposición del domingo pasado, consideradas las más multitudinarias en la historia de Brasil, supusieron un soplo de oxígeno para el gobierno.
Su éxito de convocatoria, teniendo en cuenta el momento agudo de la crisis, no fue negado ni siquiera por los más férreos opositores y muestra que en las calles se mantiene la polarización que quedó patente en las elecciones de 2014, en las que Rousseff se impuso por estrecho margen ante Aécio Neves.
Por eso, el presidente del PT, Rui Falcão, dijo ayer que estas marchas mostraron que “los intentos de deposición del gobierno” no traen estabilidad y defendió que se aborten los intentos de destituir a Dilma.
“La estabilidad se da con el fin del golpe, con el fin del
impeachment
(juicio político) y con los cambios en política económica que hemos apuntado”, manifestó en un video.
La favorita
Beneficiada. La crisis política que vive Brasil arrojó que la favorita para la presidencia en los comicios de 2018 en todos los escenarios, incluso superando a Lula, es la exministra de Medio Ambiente Marina Silva (foto), del partido Rede, tercera en la elección de 2014. Según la encuesta de Datafolha, Silva lidera la intención de voto con el 21 por ciento, frente al 19 por ciento de Aécio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y el 17 por ciento de Lula da Silva. En caso de que los candidatos del PSDB fueran el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, o el senador José Serra, ambos excandidatos presidenciales, Silva y Lula lideran las intenciones de voto para 2018.
