El final del ovillo estaba atado al pilar del oficialismo brasileño

La punta del hilo fue la sospecha de que unas estaciones de servicio eran usadas como fachada para el lavado de dinero desde fines de la década de 1990. Pero lo que no sospechaba el entonces desconocido juez Sergio Moro es que, cuando empezara a tirar de ese hilo, desenrollaría la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil. Partiendo de aquellas estaciones de servicio y lavaderos de auto, se logró identificar a cuatro organizaciones criminales que estaban relacionadas entre sí, todas dirigidas por conocidos lavadores de dinero.Uno de ellos, Alberto Youssef, le regaló una Land Rover al exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa. Así, el hilo llegó a la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Era marzo de 2014. El caso tomaba notoriedad nacional. Delatores Los investigadores no hubieran llegado tan lejos de no haber sido por ese tan humano reflejo de supervivencia. Cuando Costa fue arrestado y su culpabilidad fue probada, cambió una pena más leve por información vital para la causa. No iba a caer solo. Costa revoleó acusaciones y responsabilidades. El hilo condujo así a otros directivos de la empresa petrolera y llegó hasta políticos ligados con el área energética. En la lista, aparecieron congresistas, senadores y diputados, que habrían recibido y entregado sobornos de la estatal.Ahora, tras dos años de exhaustivas investigaciones desarrolladas en varias etapas, tras más de mil procedimientos legales, más de 100 presos, más de 80 condenas y cinco acuerdos de indulgencia, el caso alcanzó a las esferas más altas del poder.La lista de delatores sumó esta semana a un exjefe del PT en el Senado, Delcidio Amaral. Fueron sus denuncias las que llevaron la investigación hasta la presidenta Dilma Roussef y su predecesor y tutor político, Luiz Inácio Lula da Silva.Hasta ahora, la presidenta y su padrino político sólo aparecían en los márgenes de la investigación. Ellos aseguran que todo el entramado de sobreprecios y sobornos ocurría en estratos más bajos y que nunca se enteraron de nada.Es más, el expresidente ya había prestado testimonio el 16 de diciembre en relación con el caso Lava Jato , aunque en condición de informante, no de investigado.Pero la escena de ayer, con Lula escoltado por la Policía federal para prestar testimonio, cambió todo. La guerra entre el Poder Judicial y el Ejecutivo fue declarada. Cuestión de formas La discusión principal giró en torno de la forma en que se llevó a cabo el interrogatorio. Se trató de una orden de conducción coercitiva. La mayoría de las asociaciones brasileñas de jueces y fiscales salieron a defender el accionar del juez Moro. A través de comunicados, consideraron que el accionar fue justificado y proporcional. Argumentaron que todos deben ser tratados de igual forma ante la ley y que Lula no debe ser la excepción.Sin embargo, especialistas de distintos orientaciones políticas hablaron de una acción arbitraria y excesiva."Están sentando graves precedentes frente a las garantías de un Estado democrático de derecho", reflexionó Gladstone Leonel Da Silva junior , doctor en Derecho, Estado y Constitución en la Universidad de Brasilia. "Creo que la conducción coercitiva fue arbitraria y mediática, fue un show para los medios", opinó Fernando Moretti, magíster en relaciones internacionales y experto en desarrollo en América latina.Esta es la misma crítica que realizó el gobierno, con Dilma a la cabeza, expresando su "plena disconformidad" con el juez.La polarización, que desde hace años divide al mayor país de la región, quedó plasmada en las imágenes de los manifestantes enfrentados frente a las puertas de la casa de Lula.La madeja es cada vez más pequeña. Y la punta final está atada al pilar del oficialismo brasileño, al tornero que llegó a presidente, a la esperanza del Partido de los Trabajadores para suceder a Dilma. ¿Tendrá fuerza para voltearlo? ¿O el hilo se cortará antes?