El cerco judicial al referéndum de Cataluña se amplía

Tras la suspensión de la ley y la convocatoria del referéndum de secesión del 1° de octubre, la Fiscalía de Cataluña materializó ayer la querella criminal contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno, por delitos de “desobediencia, prevaricato y malversación”, que conllevan penas de inhabilitación y cárcel.

En el marco de su actuación, la Fiscalía solicitó, además, el despliegue de medidas cautelares tendientes a impedir la celebración del referéndum: entre ellas, la solicitud de fianzas a los miembros del gobierno independentista catalán para cubrir una eventual condena por el uso ilegal de fondos públicos, el cierre de la web oficial de la convocatoria, la prohibición de propaganda oficial, y que las fuerzas de seguridad intervengan y requisen las urnas.

También se pidió que se requiera a “todos los alcaldes de Cataluña” para que “impartan las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material, incluyendo locales, para la celebración del citado referéndum”.

En ese marco, el Ayuntamiento de Barcelona, en manos de la dirigente de izquierda Ada Colau, tomó la decisión de no ceder espacios municipales para el referéndum, según anunció el número dos del gobierno local, el argentino Gerardo Pisarello.

El apoyo de Barcelona, la capital de Cataluña, era clave para los independentistas, quienes se muestran decididos a seguir adelante con sus planes y dicen contar con 16 mil voluntarios y el respaldo de más de 500 alcaldes.

Ayer, la Guardia Civil española ingresó en una imprenta de Constantí, en la provincia catalana de Tarragona, donde supuestamente se estaba imprimiendo documentación para el referéndum.

Por su parte, el Ejecutivo español presidido por el conservador Mariano Rajoy denunció que la Ley de Transitoriedad hacia la “república catalana” implica una “ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido”, motivo por el que la recurrirá en el Tribunal Constitucional en cuanto sea publicada.

El proceso de secesión de Cataluña es un desafío a las leyes españolas, pero sus impulsores se amparan en la legitimidad de su reclamo, en el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y en la mayoría parlamentaria que le dieron las urnas en septiembre de 2015 para seguir adelante.

“El que participe y colabore en un referéndum ilegal lo sabe y todo el mundo debe aceptar las consecuencias de lo que hace”, recalcó la Fiscalía.

Al gobierno central tampoco le cabe “la menor duda” de que los Mossos d\'Esquadra (Policía autonómica de Cataluña) cumplirán la ley y obedecerán al fiscal general del Estado.

El titular del campeonato de España se opone a la consulta.

El Barcelona no podrá jugar en la liga española si Cataluña se independiza de España, afirmó el presidente de La Liga, Javier Tebas. El dirigente también expresó preocupación por el futuro del Barsa si la región del noreste de España vota a favor de separarse del resto del país en el referéndum programado para el 1° de octubre. “Los clubes catalanes, si este proceso avanza, yo espero que no, no podrían jugar en lo que quede de España. Espero que esta ilegalidad no salga adelante”, dijo Tebas.