Dilma y opositores endurecen disputa

Brasilia, San Pablo. La presidenta de Brasil, Dilma Rou-sseff, reiteró ayer su apoyo a su mentor y antecesor en el Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que responsabilizó a la oposición por agravar la crisis política en la que se encuentra sumido el país más poblado e influyente de la región. Los embates de la mandataria contra opositores se produjeron mientras el titular de una poderosa federación empresaria cargaba contra ella y fiscales analizaban una acción que podría impedir a Lula ser candidato en los comicios de 2018, si se comprueba que mintió al negar la propiedad de varios inmuebles."Lula nunca creyó ser más que nadie... No tiene el menor sentido conducir a Lula por la fuerza", afirmó ayer Rousseff, durante un discurso pronunciado en Caxias do Sul, en el estado de Rio Grande do Sul.La mandataria aludía a los sucesos del viernes, cuando el ex presidente Lula fue trasladado de forma coercitiva desde su departamento en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, San Pablo, a la sede policial en el aeropuerto de Congonhas.Allí fue indagado por más de tres horas sobre su presunta participación en la red de corrupción que salpica a la compañía Petrobras. También fueron allanados su domicilio particular y las oficinas del Instituto Lula, en el centro de San Pablo, una quinta y un departamento frente al mar en el interior paulista.El juez Moro, responsable de la Operación Lava Jato –que investiga la red de corrupción que operó en Petrobras– fue quien ordenó la acción coercitiva de Lula para que fuera interrogado. Varios magistrados de la Corte coincidieron ayer con lo dicho por el juez Marco Aurélio Mello, quien cuestionó la acción policial debido a que el ex mandatario acudió a declarar cada vez que fue citado. Mello dijo respetar la tarea del juez Moro pero recordó que cuando los magistrados cometen "excesos" esto quita legitimidad a las causas que llevan adelante.En esa línea, Rousseff, quien el sábado visitó a Lula en su casa para darle apoyo, responsabilizó a la oposición de agravar la crisis política con el fin de obligarla a dejar anticipadamente el gobierno, que concluye el 31 de diciembre de 2018, y opinó que los problemas políticos y económicos que enfrenta Brasil son "provocados por aquellos que están inconformes con la derrota sufrida en las elecciones de 2014". "El gobierno siempre quiere la unidad del país y la oposición tiene derecho a disentir, pero no puede estar sistemáticamente dividiendo al país, porque eso también causa problemas en la economía y en el crecimiento de las empresas", dijo. Además, reiteró sus críticas a las "filtraciones ilegales", en referencia a documentos secretos sobre diversas investigaciones obtenidos por la prensa. En opinión de Rousseff, muchas veces las "acusaciones" filtradas "no son verdaderas, pero el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió y permanece".En tanto, dirigentes políticos y empresarios anunciaron que asistirán a marchas convocadas para el próximo domingo en favor de un impeachment o de la renuncia de la jefa de Estado. También preparan nuevas acciones en el Congreso.

El presidente de la Cámara Baja de Brasil, Eduardo Cunha, fue notificado ayer de que será investigado por el Consejo de Ética de ese órgano legislativo. Cunha mintió al Congreso sobre el uso de cuentas bancarias secretas en Suiza. Tras la notificación, tiene 10 días para aportar una defensa por escrito.