Destitución del alcalde bogotano hace temblar la paz en Colombia

Bogotá

. La destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19 que dejó las armas en 1990, puso contra las cuerdas al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ya que reabrió el debate sobre las garantías para ejercer la oposición política desde la izquierda.

Precisamente, garantizar la eventual llegada a la política de los desmovilizados de las Farc es uno de los puntos de la agenda que se discute en Cuba y sobre el que ya hay un acuerdo.

El mismo alcalde Petro advirtió que la decisión del procurador general, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, de cesarlo y de inhabilitarlo para ejercer cargo público alguno durante 15 años es un bache en el camino hacia la paz, porque demuestra que aún ganando en las urnas no hay garantías para ejercer un puesto electivo.

Esa decisión “envía mensajes que van hacia La Habana, hacia América latina misma, porque quieren demostrar desde la extrema derecha que no es posible el acceso pacífico al poder”, afirmó Petro.

“Me alcé en armas, firmé la paz con un objetivo, la posibilidad de acceder al poder de forma pacífica y tranquila. Hicimos la Constitución de 1991, ganamos esas elecciones y hoy vemos cómo un funcionario imbuido en pensamientos fachistas trata de destruir esa Constitución”, insistió.

Petro asumió como alcalde de Bogotá en enero de 2012 como líder del Movimiento Progresistas, tras denunciar vínculos de políticos con paramilitares y sacar a la luz grandes escándalos de corrupción durante los años en los que ejerció como senador y opositor.

“Petro es el ejemplo de que no es posible dejar las armas para hacer política”, se lamentó también el congresista Iván Cepeda, hijo del senador asesinado Manuel Cepeda, de la Unión Patriótica, el movimiento izquierdista surgido en los ’80 de las Farc, pero del que fueron exterminados más de tres mil militantes y cargos electos y por ello terminó disolviéndose.

La decisión del procurador, cuestionada por la propia Fiscalía General de Colombia, deja en el limbo a las Farc, después de que haya acordado con el gobierno las bases para ejercer la oposición política.

Desde La Habana, la guerrilla afirmó que la destitución de Petro es un “grave golpe” porque afecta “la confianza y credibilidad” del diálogo.

“De un plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, denunciaron los guerrilleros.

Lo cierto es que la decisión del procurador, que cesó e inhabilitó a Petro por una supuesta mala gestión en una crisis por la recolección de basura, generó frustración y ensombreció el ambiente en Cuba, pero además afectó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que hizo de la paz su gran apuesta.

Es que las protestas en Bogotá en favor del alcalde y la incertidumbre amenazan las conversaciones de La Habana incluso más que la confrontación armada que prosigue en muchas regiones del país.

Ante esta coyuntura, Santos optó por no dar la razón ni al procurador ni a Petro, y llamó la atención a la ONU y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, a quienes les dijo que no se metan en asuntos internos.

Mientras que el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Tood Howland, pedía una cita al procurador para hablar sobre el caso y analizar los derechos de los ciudadanos que votaron por Petro, el embajador Whitaker reconocía que la destitución del alcalde podría erosionar los diálogos de paz.

Indígenas, obreros, estudiantes y ciudadanos, especialmente de los estratos más bajos, llenan cada tarde la Plaza de Bolívar desde el lunes, seguros, como afirma el líder indígena y precandidato presidencial por la Alianza Verde, Feliciano Valencia, de que en Colombia “hay una democracia de papel”.