Batalla judicial ganada en medio de la guerra política

L a pelea entre el gobierno de Dilma Rousseff y quienes impulsan su salida anticipada del Palacio del Planalto sigue escribiendo día a día nuevos rounds , mientras todo Brasil continúa en vilo. Ayer se esperaba una decisión trascendente del polémico presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien debía decidir si aceptaba o no la apertura de un proceso de destitución de la jefa de Estado. Al igual que el titular del Senado, Renan Calheiros, Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal socio del Partido de los Trabajadores (PT) en la coalición que gobierna Brasil desde el 1° de enero de 2003, cuando llegó a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva. Pero desde hace tiempo Cunha es uno de los principales detractores de Rousseff, a quien torpedeó sus medidas de ajuste con polémicas votaciones o faltas de cuórum. Los principales diarios brasileños coincidían ayer en que Cunha se aprestaba a rechazar el pedido de impeachment presentado por Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT que se alejó del partido en el primer gobierno de Lula, y Miguel Reale, quien fuera ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso. Lo curioso es que todos los medios, incluidos los más críticos con Rousseff, afirmaban que la decisión del titular de la Cámara había sido consensuada con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Cardoso y Aécio Neves, principal promotor del juicio político a Dilma.La estrategia entre bambalinas incluía una embestida sonora pero sólo simbólica del PSDB contra la figura de Cunha, a quien se le demostraron al menos cuatro cuentas que negaba tener en Suiza y que figuran a su nombre o de su familia, por cinco millones de dólares desviados de la red de corrupción de Petrobras. No está claro qué negoció a cambio Cunha con el PSDB, pero el plan consistía en que, consumado su rechazo al pedido de impeachment , legisladores opositores apelarían ante el plenario de la Cámara, que, según interpretó su presidente, podría elevar por mayoría simple (257 de los 513 diputados) su pedido a la comisión de juicio político. Los indicios de un revés para la oposición comenzaron cuando Cunha dijo que pospondría su decisión para la semana que viene. Minutos después, una medida cautelar del Supremo Tribunal Federal de Brasil refutó las interpretaciones del titular de la Cámara y recalcó que la decisión final sobre la apertura de un impeachment debe recaer en el plenario, con mayoría especial de 342 de los 513 diputados.Si la Cámara votara abrir el proceso, Dilma debería ser apartada del cargo por 180 días y asumir en su lugar el vice Michel Temer, también del PMDB. La decisión final sobre su destitución recaería en el Senado, donde se requeriría el voto de al menos 54 de sus 81 miembros. En la Cámara Alta, la base oficialista es más sólida, pese a los vaivenes de Calheiros, hoy realineado con el PT. Pero para el gobierno es arriesgado confiar en Calheiros, entre cuyos antecedentes figura haber estado junto a Fernando Collor de Mello antes de su caída o haber sido ministro de Justicia de Cardoso luego de que, a mediados de la década de 1990, el fantasma del juicio político sobrevolara al fundador del PSDB, cuya reforma constitucional para habilitar su reelección siempre se ligó a la compra de votos en el Congreso con fondos de la vidriosa venta de Telebras. Claro que FHC tenía de su lado, como antídotos, al real y la estabilidad. Otros tiempos Como se ve, la corrupción y su uso político no son nuevos en Brasil. Con otro gabinete y juristas reputados, Dilma logró una victoria judicial y un respiro. Pero la pelea no terminó. Opositores alegan que las "pedaleadas" que un tribunal de cuentas dio por probadas en 2014 para maquillar el déficit fiscal siguieron en 2015. Ese desvío de fondos, común en gobiernos que la precedieron, dio pie para que se rechazara el balance de Dilma, algo que sólo le había ocurrido en 1937 nada menos que a Getulio Vargas. Tal decisión daría pie a la causal de impeachment por "crimen de responsabilidad". Los argumentos jurídicos se disparan como misiles en esta guerra política, abonada por una situación económica en la que se libra, quizá, la madre de todas las batallas.