Bachelet llamó a romper el silencio sobre desaparecidos
Al evocar el 11 de septiembre de 1973 y al aludir sus consecuencias, la presidenta reclamó terminar con “esperas dolorosas”. Impulsan derogar amnistía heredada de Pinochet.
Santiago. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo ayer un enérgico llamado para que civiles y militares entreguen la información que tengan sobre los desaparecidos durante la dictadura, al cumplirse el 41° aniversario del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende.
“Han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron su vida y los propios victimarios y sus cómplices son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados”, dijo Bachelet.
La presidenta añadió: “Es el momento de hermanarnos en la verdad y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”.
Por otro lado, en el marco del nuevo aniversario del golpe militar que llevó al poder a Augusto Pinochet, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que Bachelet solicitará al Congreso que debata con suma urgencia un proyecto que duerme en el Parlamento desde el año 2006 y que busca anular o derogar la ley de amnistía.
La ley de amnistía es otro legado de la cruenta dictadura de Pinochet, 1973-1990, que permite que los violadores a los derechos humanos no ir a la cárcel, aunque su derogación o anulación será más bien simbólica y no tendrá efectos prácticos porque los jueces dejaron de aplicarla en el año 1998.
La norma cubre el período septiembre de 1973 a abril de 1978, época en que se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos. El gobierno necesita mayoría simple para aprobar el proyecto, y cuenta con más legisladores en ambas cámaras.
Ayer, mientras Bachelet presidía el acto en La Moneda, se difundió la noticia de la detención del desaforado diputado Rosauro Martínez, procesado por el asesinato de tres personas en 1981 cuando dirigía comandos que perseguían a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. La Corte de Apelaciones decidirá hoy si autoriza la libertad bajo fianza otorgada a Martínez.
El acto oficial con el que se conmemoró el nuevo aniversario del golpe del 11 de septiembre de 1973 se desarrolló en uno de los patios del palacio gubernamental, bombardeado aquella mañana en la que Allende se quitó la vida antes que rendirse a los sediciosos.
El régimen militar dejó poco más de 40 mil víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos. A casi un cuarto de siglo del retorno de la democracia en Chile aún falta encontrar los restos de un millar de desaparecidos cuyo paradero se desconoce.
Otro día agitado
La jornada de evocación de ayer empezó en la madrugada con actos vandálicos en barrios periféricos de Santiago, en los que un policía fue herido en un ojo, dos vehículos fueron quemados y la sucursal de un banco seriamente dañada por un artefacto explosivo en apariencia de fabricación casera.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, dijo que hubo 21 detenidos y precisó que la policía identificó 97 áreas “complejas” donde otros años hubo disturbios, por lo que la presencia policial fue reforzada.
Los desórdenes aumentaron el temor de la población que se disparó tras un atentado el lunes a una galería comercial aledaña a una estación del tren subterráneo de Santiago que dejó 14 heridos. Desde ese día se registraron múltiples amenazas de bomba que obligaron a intervenir a agentes policiales especializados y cerrar estaciones.
Diversas autoridades y analistas han admitido las falencias de la Agencia Nacional de Inteligencia, que carece de agentes propios y se alimenta de informes de otros servicios, y la fiscalía nacional, que debió pedir ayuda a organismos de otros países para avanzar en la investigación del ataque.
La fiscalía pidió asesoramiento a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). “Tenemos hace tiempo un convenio con el FBI”, declaró jefe de los fiscales, Sabas Chahuán, quien aclaró que las pesquisas las realizan chilenos.
Una reparación a las víctimas del terror
Esperado. El anuncio de la inminente derogación de la ley de amnistía heredada de la dictadura pinochetista fue bien visto por familiares de víctimas de los años de plomo.
Simbolismo. A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en octubre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la polémica ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional. Sin embargo, los familiares de las víctimas de la dictadura consideran su mera existencia, aunque simbólica, como una afrenta para ellos y para la democracia.
