Investigación. Caso AFA: avanza la causa y la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal de Chiqui Tapia
Es por la causa que investiga la presunta retención de tributos y aportes a la seguridad social de los empleados.
En un cierre de año marcado por la tensión judicial, el juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida se da en el marco de una investigación por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales y alcanza también a otros miembros clave de la mesa directiva del organismo.
Una deuda superior a los 19 mil millones de pesos
La investigación, impulsada por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), sostiene que la AFA habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de sus empleados y de diversos clubes sin ingresarlos al fisco en el plazo legal.
Según la acusación del fiscal Claudio Navas Rial, la deuda acumulada en los últimos dos años asciende a $19.353.545.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Debido a la gravedad de los montos y la estructura de la entidad, el juez Amarante decidió habilitar la feria judicial para dar celeridad a la pesquisa. Además de Tapia, la medida judicial afecta a:
- Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
- Cristian Ariel Malaspina, Secretario General.
- Gustavo Lorenzo, Director General.
Escrutinio institucional y delitos transnacionales
Esta resolución se suma a otros procesos que mantienen a la AFA bajo la lupa judicial. Recientemente, se realizaron allanamientos en la sede de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza por orden del juez Luis Armella.
Estos operativos se vinculan con otra línea de investigación que involucra al empresario Javier Faroni y a su compañía TourProdEnter LLC, la cual administra recursos millonarios de la AFA en el exterior, bajo la hipótesis de un posible delito transnacional.
El fiscal Navas Rial atribuyó la responsabilidad directa a Tapia por su rol institucional y por el manejo de la clave fiscal de la asociación, considerando que la maniobra habría contado con la intervención de otros directivos para la gestión de los fondos bajo análisis. Bajo el Régimen Penal Tributario, este tipo de evasión puede conllevar penas de prisión de dos a seis años.