Última polémica antes de abandonar el cargo

Días antes de que María Esther Cafure de Battistelli dejara la vocalía del Tribunal Superior, el gremio de judiciales (Agepj) publicó un artículo en su página agepj.org.ar celebrando su alejamiento, acusándola de haber ayudado a empeorar las condiciones laborales y vinculando su ascenso judicial con la dictadura militar. La exvocal respondió con un comunicado que circuló internamente en los correos de los empleados de Tribunales, en el que detalló su carrera profesional e invitó a todos a valorarla: "Los hechos hablan por sí solos sobre mi trayectoria institucional", afirmó. Sobre la acusación principal que le hizo el gremio, de que fue nombrada jueza durante la dictadura, Cafure escribió:"A quienes no me conocen –sobre todo los más jóvenes– les informo que ingresé al Poder Judicial de Córdoba, ad honorem , cuando aún era estudiante de Abogacía, el 22 de febrero de 1952. Desde entonces desempeñé los cargos de secretaria de un juzgado civil (desde el 3 de mayo de 1955) y de asesora letrada en los fueros Civil y Comercial, función en la que fui designada en 1958, durante el gobierno democrático de Arturo Zanichelli. Durante 1962, también durante un gobierno democrático, fui nombrada como la primera mujer jueza de la provincia, en el fuero Civil y Comercial, cargo para el cual fui confirmada por el Senado de la Provincia en 1963".El relato de Cafure prosigue: "Posteriormente, fui designada como vocal de la entonces Cámara Tercera de Paz Letrada, función para la que el Senado me prestó acuerdo en 1973. Luego, en 1976, al haber sido suprimida aquella cámara, me trasladaron a la Cámara de Acusación, a la que renuncié el 16 de agosto de 1977 porque no acepté las presiones del gobierno militar para que cambiara el contenido de una sentencia, en la que yo consideraba legítimos los gastos efectuados para solventar el traslado de trabajadores a Buenos Aires para que celebraran el 17 de Octubre. Los datos anteriores demuestran que, cuando se produjo el golpe de Estado de 1976, yo llevaba 24 años en el Poder Judicial de Córdoba y había sido designada magistrada –con acuerdo del Senado– por tres gobiernos democráticos provinciales". –¿Cómo tomó el pronunciamiento del gremio? –Creo que ella (se refiere a la secretaria general del gremio, Irina Santesteban) hizo una valoración equivocada. Por eso pretendí, al mostrar mi currículum, que lo valoraran todos. –¿Le molestó más que la acusaran de precarización laboral o que la relacionaran con la dictadura? –Todo, porque se hizo como una mezcla. Como si nosotros fuéramos contrarios a los intereses de ellos. Le aseguro que fue muy doloroso este tránsito de la situación con el gremio. También me molestó que dijeran que la tristeza de la doctora Cafure es el ejercicio de la libertad por parte de ellos. Estoy triste realmente en el sentido de que se ha quebrado algo. –También el Colegio de Abogados ha mantenido sus críticas hacia el desempeño del Tribunal Superior. –Engloban muchas cosas. La Sala Civil del Tribunal está sólo con cuatro o cinco meses de demora, pero la gente cuenta la demora desde que inició la demanda, y ese plazo no corre por cuenta nuestra. El índice de revocatoria es bajísimo, lo que demuestra que hay un exceso de litigiosidad. Donde más se acumulan casos en Penal, creo que la demora es de dos años, pero no todos los expedientes tienen esa demora, sino que vamos resolviendo antes los casos de mayor urgencia, condenas cortas, los recursos que están en etapa instructora como prisiones preventivas, probation , cuestiones de ejecución de sentencia, de restricciones de libertad. O sea, hay cosas que salen en dos meses, porque nos abocamos más a lo que no puede esperar.