Río Tercero: no habrá ley de indemnizaciones en corto plazo

Río Tercero. "La ley murió", graficó el abogado Mario Ponce respecto a la norma cuya sanción esperaba para este año legislativo nacional, para el pago de resarmientos a quienes iniciaron juicios al Estado por las explosiones de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero.

Ponce anticipó a este diario que como "el Gobierno no cumplió, se reanudará el proceso judicial que estaba suspendido".

El abogado cordobés patrocina a 10 mil de los más de 12 mil demandantes. En su caso, casi todos reclaman por daño moral. Recordó que en 2007, ante la Justicia Federal, "el Estado reconoció el daño y se obligó a pagar mediante una ley". Interpretó que "no sólo los legisladores oficialistas no tuvieron voluntad de aprobar esta ley sino tampoco los de la oposición que no supieron buscar el consenso para su tratamiento".

El proyecto de ley habia sido enviado por el Ejecutivo nacional, hace un año, pero fijando montos indemnizatorios a valores históricos, más bajos que los reclamados. Ante el Congreso, las partes interesadas gestionaban que la ley aparezca con montos mayores, para que sea aceptada la oferta por los demandantes.

Ponce cuestionó "los anuncios electorales, que son una perversión si no se cumplen".

Para su tratamiento en 2011 el proyecto deberá ser presentado nuevamente y empezar un nuevo periplo. Según Ponce, quedaría una posibilidad de un decreto presidencial de pago, para que los eventuales pagos se concreten en el corto plazo, aunque admitió como muy poco probable esa alternativa.

Mientras, las causas seguirián por la vía judicial, que demandará varios años por la enorme cantidad de expedientes que involucran.

Hasta ahora, el Estado apeló todos los fallos judiciales favorables a demandantes para el cobro. Pero, a 15 años del sucesos, hubo sentencia para unas 300 demandas, de las más de 12 mil existentes.

Si se tomaran los montos que la Comisión de Justicia de Diputados venia analizando para actualizar, el total a erogar por el Estado  para resarcimientos rondaría en los 600 millones de pesos.

Hace un año, fuentes del Gobierno naciional ligados al tema habían estimado en 300 millones de pesos el total a abonar.

Entre 1996 y 2000 el Estado abonó unos 84 millones de pesos-dólares en concepto de resarcimientos por vía administrativa por los daños causados. La gran mayoría fue por daños materiales.