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Río Tercero: gestión por ley por indemnizaciones por las explosiones

El proyecto está en debate en el Congreso. Hubo una nueva reunión con legisladores. El punto en discusión son los montos a fijar.

02 de septiembre de 2010 a las 07:58 p. m.
Corresponsalía
Río Tercero: gestión por ley por indemnizaciones por las explosiones

Río Tercero. El abogado Mario Ponce, que patrocina a 10.534 riotercerenses que iniciaron juicios al Estado por daño moral por las explosiones ocurridas en Fábrica Militar en 1995, mantuvo un nuevo encuentro en Buenos Aires con legisladores que integran la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

El reclamo que presentó es para que la ley que se discute para indemnnizar a esos demandantes fije montos mayores a los que propuso el Gobierno nacional en el proyecto de ley que envió meses atrás al Congreso, que estableció valores de pago sin actualizar respecto del tiempó transcurrido.

El letrado cordobés estimó que antes de fin de año podría ser sancionada la norma, ya que se trata de un proyecto oficial que ahora acelera la oposición en el Congreso. El punto clave aún en discusión y que podría trabar el avance son los montos a asignar. El Gobierno los fijó en un promedio de 10 mil por persona demandante por daño moral y Ponce asegura que esperan triplicar esa cifra.

De los 12 mil riotercerenses que inciiaron demandas al estado por las explosiones de hace 15 años, más de 10 mil son patrocinadas por el abogado Ponce, y casi todos reclaman daño moral y psicológico. Otros más de mil, en tanto, iniciaron juicios por daños fisicos o materiales, con otros patrocinantes..

El proyecto de ley que analiza el Congreso establece que las indemnizaciones a fijar serán de adhesión voluntaria: el que no esté de acuerdo podrá seguir la vía judicial y esperar un fallo de los tribunales sobre su reclamo.

Entre 1995 y 1999 el Estado pagó unos 83 millones de pesos (dólares en ese momento) en resarcimientos por daños por vía administrativa. Los actuales juicios suponen un costo eventual, por vía judicial o de acuerdo por ley, de entre 250 y 400 millones de pesos, según diferentes estimaciones, que dependen de los montos a fijarse.