Paquete de leyes contra la violencia machista

La Legislatura aprobó anoche un paquete de leyes contra la violencia de género. Las normas fueron propuestas por el Ejecutivo provincial, pero receptaron numerosos cambios presentados por la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos).

El primer proyecto de ley ajusta el procedimiento de la ley de violencia familiar provincial (9283) al procedimiento establecido en Ley Nacional 26.485 de Protección Integral de la Mujer. Así, acorta algunos plazos y establece el patrocinio letrado gratuito para las víctimas de violencia, entre otros cambios. A esos fines, la ley establece la creación de nuevas asesorías letradas por parte de la Provincia.

El segundo proyecto que se aprobó crea cuatro nuevos juzgados de violencia familiar: uno en Río Cuarto –donde en la actualidad hay uno– y tres en la ciudad de Córdoba. Establece, además, la incorporación de estructuras profesionales nuevas.

El tercero establece el procedimiento para los casos de las otras modalidades de violencias hacia las mujeres –además de la doméstica– previstas en la ley nacional 26.485: violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

“Son leyes que muchas víctimas están esperando para tener garantías de que la Justicia llegará a tiempo”, indicó Montero en la sesión.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, consideró que las normas votadas son “un triunfo de la democracia”.

“El gobernador Juan Schiaretti puso el proyecto a discusión y todo el arco político, legisladores del oficialismo y de la oposición, dijeron ‘basta de violencia hacia las mujeres’. Córdoba es nuevamente señera en la materia. Por primera vez en la historia habrá un fuero específico de violencia de género y asesoramiento gratuito a las mujeres víctimas”.

Por propuesta de Montero, tomando las demandas de diversas organizaciones sociales, se introdujo un artículo que impone la obligación de realizar la denuncia a las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de Justicia y de salud, que con motivo de sus funciones tomen conocimiento de un hecho de violencia. Se preservará la identidad del denunciante.