Negaron la detención domiciliaria a los sacerdotes acusados de abusos en Mendoza
Nicolás Corradi (82) y Horacio Corbacho (55) siguen detenidos por las violaciones de niños en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo.
La jueza de Garantías, Patricia Alonso, denegó el arresto domiciliario a los dos sacerdotes acusados de abuso sexual y corrupción en el Instituto Próvolo de Mendoza, por lo que ambos imputados continuarán detenidos en el complejo penitenciario Boulogne Sur Mer, donde también están alojados un monaguillo, un empleado y un jardinero.
La magistrada denegó el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de los curas Nicolás Corradi (82), quien posee acusaciones en Italia por hechos similares ocurridos en los años ochenta, tras lo cual fue trasladado a Mendoza; y Horacio Corbacho (55).
La jueza ordenó además que ambos sacerdotes continúen en la cárcel Boulogne Sur Mer mientras aguardan el juicio por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores.
Fiscal suspendido
En tanto, miembros del Tribunal de Enjuiciamiento suspendieron por "por mal desempeño" al fiscal Fabricio Sidoti en otra causa en la que se lo acusa de la muerte de la joven Ayelén Arroyo, asesinada por su padre en setiembre de este año. En consecuencia, Sidoti, quien llevaba el caso de los abusos en el Instituto Próvolo será reemplazado por el fiscal Gustavo Stroppiana.
Sidoti, en su investigación, confirmó que son 25 las víctimas de los abusos en el Instituto para sordos, conocidos en noviembre último tras la denuncia de una de las víctimas que se acercó a una legisladora radical con ayuda de una intérprete.
El fiscal dijo a la prensa que las victimas "denunciaron abuso sexual agravado con acceso carnal y sexo oral", y en los relatos "dijeron que los llevaban a la Casa de Dios, los metían para atrás en un lugar ubicado en el fondo del instituto donde otras víctimas podían ver a través de la rendija de una puerta lo que pasaba".
Asimismo, el 15 de diciembre una testigo dijo que en el Instituto hubo situación de zoofilia y apuntó a uno de los empleados, imputado y detenido en la cárcel, quien también tiene hipoacusia.
El procurador de la Corte, Alejandro Gulle, destacó:
"Las pruebas contra los sacerdotes y el resto de los imputados es sólida, la acusación ya tiene sustento y hay innumerables testimonios convergentes; evidentemente ahí pasaba cualquier cosa".
Juan Carlos González, titular de Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia, expresó que desde el organismo formarán un equipo especializado para acompañar a las familias y víctimas tanto en la asistencia legal como en el acompañamiento de la información.
Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero anunció que se conformó un equipo multidisciplinario entre el área de salud mental y la Dirección General de Escuelas para brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.
Por otra parte, la vicegobernadora viajó a la ciudad bonaerense de La Plata para reunirse con un fiscal de esa localidad por la apertura de una investigación similar. Esto fue luego del testimonio de Luis Bastistelli, de la Asociación de Sordos, quien denunció abusos similares a los ocurridos en Mendoza en la sede del Próvolo en La Plata, por donde también pasaron los dos curas detenidos en la causa.
