Los cuatro intentos de Gabriel
La percepción generalizada entre los vecinos, confirmada en los hechos, es que no hay control ni castigo por la tarea que los agentes municipales no cumplen o hacen mal. Laura González.
Gabriel es taxista y, este año, tuvo cuatro intentos hasta lograr la renovación de su licencia de conducir profesional. Dos veces fue y no lo atendieron por asamblea. El 6 de diciembre volvió y se encontró con que a las 7.20 dejaron de dar números. "Cerraron la ventanilla, se pusieron a desayunar, empezaron a atender a las 8 y nos dijeron que no iban a dar más números", se enoja. La vencida fue el 11 de diciembre, al filo del vencimiento de su carné. Esta vez llegó a las 6 y se encontró con varios que estaban desde las 5. Le dieron un número a las 7, a las 9 todavía tenía unas 40 personas adelante, pero se quedó. A media mañana un inspector les dijo que estaban demorados porque no había gente para ingresar la ficha. Logró renovar la licencia, a las 13.40 de la tarde. Ese día, perdió siete horas de trabajo, más otras tantas por los intentos fallidos. El 26 de diciembre, el municipio extendió la vigencia de esas licencias hasta el 1° de marzo. Lo hace de manera habitual, ya que son históricos los problemas para entregar las licencias profesionales. El municipio no tiene protocolos para medir la eficiencia del personal ni la agilidad con la que el vecino recibe respuesta. Los empleados no están obligados a ser rápidos; es más, el negocio está en que quede trabajo para después de las 14, cuando comienzan a regir las bonificaciones, las prolongaciones de jornada o las horas extras, según el caso.No se trabaja por productividad, no hay bonos ni premios atados al rendimiento, no hay siquiera obligación de hacer bien el trabajo porque no hay riesgo de ser despedido, en nombre de la estabilidad laboral del empleado público. Ni siquiera el municipio puede transferir el agente a otra área, pasarlo a otra función o mudarlo de horario. Es más, ni siquiera el Ejecutivo ha podido censarlos para completar la ficha con todos los datos que, se supone, debe tener el empleador. Lo más que pudo avanzar fue en anunciar la extensión del reloj digital para marcar ingreso y egreso (hasta ahora, Ramón Mestre lo instaló sólo en el Palacio 6 de julio) y en sacar las cartulinas que tapaban las ventanas. Sí logró concursar algunos cargos, pero sólo para puestos nuevos.El municipio podría descontar del salario las horas no trabajadas. Pero eso tampoco sucede. En el último informe de salarios de la Secretaría de Economía, de noviembre pasado, no figura ningún descuento en concepto de quita por asambleas, por ejemplo. En el título referido a los descuentos de ese informe (los de ley, los de cuota alimentaria, los de seguro o cuota sindical) hay un ítem llamado "varios", que no se desagrega.Supongamos que allí se incluyeran estas quitas: en noviembre, fueron del 0,4 por ciento de la nómina salarial. En octubre, 0,44 por ciento. En marzo, el mes más conflictivo, 0,48. Serían unos 15 pesos por empleado. Las asambleas tienen, por lo general, dos razones: deuda salarial y falta de insumos, más allá de que el 5 de cada mes esté siempre el salario depositado. Mestre dijo que las limitaría. Si bien las protestas no fueron ni tan feroces ni prolongadas como otros años, apenas el 20 por ciento de los días la atención fue normal.Todo eso sucedió pese a que Mestre les concedió, casi sin chistar, dos subas del 13 por ciento, más un seis por ciento que quedó pendiente de Daniel Giacomino.En general, el vecino no reniega tanto de los buenos salarios que cobran los municipales. Reniega de que, con esos salarios, no trabajen, o lo hagan mal. El último informe indica que cada agente percibió, en bruto, 12.679 pesos. De bolsillo son 9.762 pesos, 99 por ciento más que el salario promedio de un privado. Los picos de conflictividad siempre han coincidido con los diferentes capítulos de la discusión paritaria. La mala noticia es que está por vencer la de 2012.

