“La despenalización no es una ley promarihuana”
Uruguay inicia en estos días la primera experiencia a nivel mundial que pone en manos del Estado la producción, distribución y venta de marihuana. El objetivo es reducir el comercio ilegal y el narcotráfico. Para Juan Raúl Ferreira, es un ejemplo y no aumentará el consumo.
El 10 de diciembre de 2013, el Senado uruguayo dio sanción a la ley que convirtió al país oriental en el primero de todo el mundo en despenalizar toda la cadena de elaboración, venta y consumo de cannabis, es decir de la marihuana, y ponerla en manos del Estado.
El 24 de diciembre, la norma fue promulgada por el presidente José Mujica, y el martes pasado entró en vigencia la reglamentación de la ley que permite a los uruguayos, entre otras cosas, comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes, y tener hasta seis plantas de cannabis por hogar, siempre que sean mayores de edad, residentes en el país y se hayan registrado previamente como consumidores de la sustancia.
Hasta ahora, en Uruguay no estaba penado el consumo de marihuana, pero sí la comercialización. A pesar de ello, el mercado de esa sustancia movería en ese país unos 30 millones de dólares al año, y encuestas señalan que alrededor del 20 por ciento de los habitantes usó o usa cannabis.
De visita en Córdoba para disertar en la apertura del ciclo lectivo del Instituto Universitario en Ciencias Biológicas de Córdoba, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de ese país, Juan Raúl Ferreira, dialogó con La Voz del Interior sobre las razones que llevaron a Uruguay a despenalizar la marihuana y los desafíos que eso conlleva.
–Al estar ya en vigencia la reglamentación, ¿cuándo comienza a instrumentarse en forma concreta?
–Ya está el decreto reglamentario, y si una farmacia quisiera empezar a comercializar el producto mañana, podría hacerlo.
–¿Es una norma promarihuana?
–No, no es así, aunque muchas veces los medios, sobre todo en Uruguay, confunden la ley de despenalización del comercio de la marihuana con una ley pro marihuana. Pero de lo que se trata es de que la despenalización de la venta desmantele las bandas criminales que hoy están operando. Hay una experiencia cercana en la historia que fue la Ley Seca en Estados Unidos. ¿Y la Ley Seca qué logró? Que se consumiera más alcohol, de peor calidad y más caro, y que se generara un montón de crimen organizado. Pero está claro que la nueva norma tiene que ir acompañada de una campaña educativa, en la cual creo que la propia Defensoría del Pueblo tiene que estar o incluso ir a la cabeza. –¿El Gobierno no espera que la nueva ley genere un aumento en el consumo? –No. La experiencia histórica indica otra cosa. Ahora, como toda primera ley, obviamente es perfectible, y de repente, en un par de años o en un par de meses se podrían introducir modificaciones si se empiezan a encontrar inconvenientes en la aplicación. Sí nos parece que es de una gran valentía como Estado promulgar y reglamentar una ley que pone arriba de la mesa un tema con el que todo el mundo viene coqueteando desde hace tiempo, pero en el que nadie tomó el toro por las astas. De esto nosotros podemos hablar con independencia, porque la Defensoría del Pueblo no es en mi país un órgano de gobierno, sino de Estado. Y vemos que el Uruguay incluso ha tirado un ejemplo al mundo, que cada país irá resolviendo a su manera. De hecho, ya cuando asumió el presidente de Guatemala fue el primero en plantearlo en el seno de la OEA, donde el propio secretario general había dicho que si esto es un buen negocio, lo que hay que hacer es que sea un peor negocio... –¿Qué impacto esperan si sólo despenaliza un solo país, y no es algo global o al menos regional? –Naturalmente sería más efectiva si no estuviéramos solos. Y eso va a ser uno de los problemas en su instrumentación. Otro desafío es que es una ley nueva sobre un tema complejo, difícil, que afecta la sensibilidad de la sociedad y de las familias, que dicen que ahora sus hijos van a poder consumir legalmente, pero que de repente no saben que sus hijos consumen igual. La diferencia es que ahora lo van a poder conversar con sus padres y blanquearlo. –¿Parte de lo que el Estado recaude se va a destinar precisamente a promover la salud y rehabilitación? –Exactamente. En definitiva, como ocurre siempre con algo inédito, no creemos que la ley va a funcionar perfectamente e instantáneamente. Pero estamos convencidos de que era un paso que había que dar, y de que la señal que se está mandando al país y al resto de la región es muy fuerte. Y también, que cuanto más exitosa sea la experiencia, más voluntad va a haber en otros países de imitarla. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una gran flexibilidad para estar atentos a modificarla o perfeccionarla.
Qué dice la ley
Objetivo. Proteger a los habitantes del país de los riesgos del vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando atacar las consecuencias del uso problemático de sustancias psicoactivas, y reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado.
Prevención. El sistema de salud deberá contar con dispositivos de promoción de la salud y prevención del uso problemático de cannabis.
Compra. Los residentes en Uruguay que se registren podrán comprar hasta 10 gramos a la semana y 40 por mes en una red de farmacias.
Cultivo. También podrán optar por cultivar sus propias plantas de marihuana –hasta seis por hogar y 480 gramos de cosecha anual– o asociarse a un club cannábico. Estos podrán tener entre 15 y 45 socios, y 99 plantas en total.
Sólo una vía. Cada persona deberá optar por un solo sistema para acceder a la marihuana: la compra en farmacias, el cultivo personal o la asociación en un club cannábico.
Precio. El gramo de cannabis costará el equivalente a unos 90 centavos de dólar.
Compradores. Deberán ser mayores de 18 años y tener residencia legal en Uruguay, e inscribirse en un registro.
