Estado de exclusión

En la edición del domingo último, publicamos un informe en el que dábamos cuenta de que al menos tres de cada cuatro nuevos edificios no son accesibles para personas con dificultades motoras.

En la nota se planteaba que, pese a que el Código de Edificación obliga a la colocación de rampas en las nuevas edificaciones y en las esquinas, las constructoras no lo cumplen y desde el Estado tampoco hay una actitud tendiente a hacer cumplir esas normas.

Ayer, la denuncia de una mujer cansada de la degradación a la que es expuesta a diario, puso en evidencia que en la nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba tampoco se respetaron las normas que

garantizan la accesibilidad, pese a que hay una ley provincial que adhiere a la ley nacional 24.314, que establece esos requisitos.

La Provincia gastó hasta ahora más de 90 millones de pesos en un edificio pensado como un símbolo de la gestión de Juan Schiaretti. Sin embargo, parece que los funcionarios encargados de supervisar la obra –entre ellos, Hugo

Testa, ministro de Obras Públicas entonces y ahora– se olvidaron de verificar que se cumpliera con lo que el mismo Estado obliga.

Tal vez el apuro por inaugurarlo antes de tiempo hizo que se omitieran algunos “detalles” que luego le terminan complicando la vida a las

miles de personas con dificultades motrices que circulan por allí.

Y no se trata sólo de usuarios de sillas de ruedas, sino embarazadas, madres con cochecitos o adultos mayores.

Es importante remarcar esto: en una obra de casi un centenar de millones de pesos se omitió, por ejemplo, colocar rampas en las esquinas y en los accesos.

El Estado debe ser el garante de la inclusión; debe ser el encargado de dar accesibilidad, de garantizar la igualdad de oportunidades, de ser ejemplar con esas políticas puertas adentro, para tener la suficiente autoridad moral para exigir lo mismo al sector privado.

Sin embargo, excluye, discrimina, degrada a miles de personas obligándolas a exponerse a riesgos, a pedir ayuda.