Entre el servicio y el negocio

Es un bien social, no una mercancía más. Confunde decir que quien la produce y provee es una empresa, una cooperativa, un municipio o provincia. El proveedor es la naturaleza. Los demás extraen, acondicionan y distribuyen ese recurso vital que en calidad potabilizable es agotable, y, en ciertas áreas, escaso.

Como bien social y finito, debe ser cuidado. La medición domiciliaria es un modo y debiera ser acentuada. Ciudades que cobran según consumos tienen demandas entre 30 y 50 por ciento menores que otras que no facturan los abusos.

Pero hay puntas para el debate. Una, que se cobre a un vecino para que no malgaste miles de litros por mes resulta lógico, si además se controla y se cobra según su uso a los enormes consumidores industriales y agropecuarios, si utilizan –como ocurre en muchos casos– fuentes de agua potabilizable. Otra, que el cobro medido sea para inducir al ahorro del recurso y no (como a veces parece suceder) como medio para facturar más.

Mientras, resulta una paradoja –o una estafa– si a la vez que se exige a los usuarios pagar por derroches del recurso, el Estado que lo administra y sus concesionarios no generan el mismo ahorro: ¿quién controla y sanciona las pérdidas en canales, acueductos y cañerías? ¿Quién garantiza que las agotables fuentes de agua no se contaminen¿ ¿Quién sanciona si eso ocurre? ¿Quién es responsable de que las regiones que “fabrican” el agua (en Córdoba son las Sierras) no reduzcan su cantidad y calidad por el deterioro de sus ecosistemas?

Si hay menos agua disponible, no será sólo porque la vecina derrocha, sino porque no se cuidan los ambientes que la generan, los ductos que la transportan y los usos no residenciales.

Queda otro punto, ligado al valor. En los últimos años, muchos municipios han sumado tasas que los vecinos pagan como adicionales con las facturas de agua. Es una táctica engañosa cargar tributos que deforman la tarifa de los servicios, a la que apelan municipios y Provincia para disfrazarlos ante los contribuyentes. A veces, eso encarece 20 o 30 por ciento la factura.

Un interrogante más: ¿no es hora de preguntarse si un bien tan esencial debe pagar el 21 por ciento de IVA? También con el agua potable recauda la Nación.