El perjuicio será también para los pacientes

Está claro que sería imposible que las obras sociales pudieran funcionar si no fijaran "un menú" de los fármacos, prótesis y prácticas a las que tienen acceso sus afiliados, y que define lo que pueden prescribir sus prestadores. Porque sin dudas quebrarían si no impusieran límites al gasto, y permitieran a los profesionales prescribir en forma caprichosa. Por eso, el eje central es si el criterio con el que se fijan esas restricciones es sanitario o de otra índole, y cómo se logra un equilibrio entre lo general y lo particular. Y eso implica, necesariamente, respetar el derecho de todos los afiliados a recibir el tratamiento adecuado en el momento oportuno. Que no es siempre el mismo, porque los protocolos generales sirven para la mayoría de los pacientes en determinada situación, pero no para todos. Por eso existen las vías de excepción, y las auditorías con segundas opiniones de expertos. En Apross se optó por debitar a los médicos el costo de lo que prescriben por fuera del vademécum. Y si bien en primera instancia el perjuicio es para los profesionales, no hay que perder de vista que esa decisión terminará impactando también en los pacientes. Porque llevará a la "medicina defensiva", que hará que dejen de prescribir según lo que evalúan mejor para el paciente, y que se atengan a lo permitido, al margen de que sea lo más indicado en ese caso.