Críticas al proyecto para penalizar a quienes paguen por sexo

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) cuestionó duramente el proyecto de ley que propone penalizar con hasta tres años de prisión a quienes paguen por sexo como una medida para combatir la trata de personas.

“Trabajo sexual no es igual a trata de personas”, indica la organización en una gacetilla de prensa. "La penalización de clientes implica un cercenamiento del derecho de trabajadores/as sexuales al criminalizar indirectamente el trabajo sexual mediante la criminalización de una de sus partes necesarias", dicen desde Ammar.

En la carta firmada por Elena Reynaga, dirigente de Ammar, la entidad diferencia a las personas explotadas de las trabajadoras sexuales, “personas adultas que con plena conciencia de sí y su quehacer, en uso de su propia voluntad, optan por el trabajo sexual como medio de vida”.

“Sabemos que es habitual que confundan nuestro trabajo con la explotación sexual, pero no es esa nuestra realidad”, agregan.

“El trabajo sexual no es sinónimo de trata, sino solo uno más de aquellos trabajos que ante la falta del debido control y regulación del estado, son utilizados por delincuentes para desarrollar sus macabras formas de vida”, consideran desde Ammar.

El proyecto. El texto elaborado por Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, propone sumar al Código Penal una figura que reprime con seis meses de prisión a tres años "al que entregare una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero por el uso sexual de una persona" víctima de trata, en situación de vulerabilidad, o si mediara abuso de poder.

"Está documentado en distintos países que lo que genera la trata es la demanda del comercio sexual. Sin explotación sexual no hay trata", manifestó la diputada Rodríguez.

El proyecto está inspirado en el modelo sueco, donde desde hace diez años se persigue penalmente a los clientes-protituyentes, al igual que a los proxenetas (Ver Proponen penalizar a quienes paguen por sexo).

Sociedad distintas. Según Ammar, la realidad de Suecia es diferente a la de Argentina y Latinoamérica en general, y la ley ha mostrado falencias en aquel país, ya que la oferta sexual no desapareció sino que tiende a la clandestinidad, y se incrementó la dependencia de las trabajadoras con las mafias por el temor a ser perseguidas, según un informe de Lawyers Collective, citada por la organización.

“Solo a través de la concientización de la población, y mediante el reconocimiento y debida regulación del trabajo sexual, se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias instaladas en nuestro país”, indica Reynaga.