La dimensión civil de la dictadura

Llevamos varias décadas usando el término “dictadura militar” para referirnos al régimen que gobernó el país desde 1976 hasta 1983. Pero unas cuantas voces, aunque no hayan sido muy escuchadas hasta ahora, insisten, desde hace tiempo, en que lo correcto sería hablar de una dictadura “cívico-militar”.

¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, volumen colectivo editado por Juan Pablo Bohoslavsky, es un fuerte argumento a favor de esta denominación alternativa. Se trata de una antología que reúne unas 20 investigaciones que, como explicita el subtítulo, giran alrededor del papel que desempeñaron los abogados y el aparato judicial durante aquellos años.

Los autores (28, ya que algunos textos llevan más de una firma) son, en su inmensa mayoría, docentes e investigadores universitarios, aunque también algunos son investigadores o becarios de Conicet; y en varios casos, están relacionados con organismos de derechos humanos.

Los temas por ellos analizados van desde los rasgos que adquirió el derecho durante la dictadura, y el rol de la Corte Suprema en ese proceso, hasta el estudio de las posibles complicidades que se pueden advertir desde el advenimiento de la democracia, en 1983, pasando por casos específicos de complicidad y sus consiguientes responsabilidades.

Como una aproximación global al libro, entrevistamos a Juan Pablo Bohoslavsky, quien no sólo es coautor de uno de los artículos (que firma junto a Roberto Gargarella el que estudia el rol de la Corte), sino que además se desempeñó como editor; y en calidad de tal, en unas apreciaciones finales muy interesantes, se permite formular algunas discrepancias con el punto de vista de algunos de los colegas a los que incluyó, lo que da cuenta de las discusiones que atraviesan a estos investigadores, aun cuando pueda haber entre ellos la suficiente proximidad como para que puedan compartir un proyecto editorial.

–¿Por qué es necesario comprender la dimensión civil de la dictadura y por qué se ha hecho tan poco en este sentido?

–Porque los gobiernos autoritarios cuentan, en todo el mundo y en mayor o menor medida, con la contribución interesada de actores económicos, medios de comunicación, jueces e intelectuales. Si no hacemos un esfuerzo por entender a fondo cómo funciona la dimensión civil de los gobiernos autoritarios, como el que padecimos en Argentina entre 1976 y 1983, la agenda de verdad, memoria y justicia no podrá alcanzar cabalmente sus objetivos y garantizar la no repetición. Aun así, debe señalarse que Argentina es el país que más lejos ha llegado en materia de ampliación de los anillos de responsabilidad hacia cómplices no militares de la dictadura.

–Varios textos señalan la colaboración de una parte significativa del Poder Judicial con el plan de la dictadura. Vos ubicás al Poder Judicial como tal entre la complicidad militante y la complacencia banal.

–Los llamados funcionarios judiciales cómplices militantes se identificaban ideológicamente con la Junta y mostraban una especial animadversión contra las víctimas. Esto se materializaba en comportamientos cómplices extremos, tales como tomar declaraciones a personas que estaban siendo torturadas, o falsificar expedientes judiciales para blanquear adopciones de niños nacidos en cautiverio o secuestrados, después de haber desaparecido a sus padres. Por otro lado, la inmensa mayoría del Poder Judicial se ubicó en la categoría de cómplices banales: por expectativa de crecimiento profesional o temor a ser removidos o sufrir represalias, realizaban indagaciones inoficiosas, ineficaces e inofensivas cuando recibían habeas corpus de los familiares de los desaparecidos, para finalmente rechazar esos pedidos de averiguación de paradero. Eran funcionales al régimen y no concebían como opción renunciar y no prestarse a ese juego. Finalmente, en el libro sólo pudimos identificar un puñado de funcionarios judiciales que cumplieron con su deber de frenar el ejercicio del poder arbitrario. Pero, insisto, sólo un puñado.

–¿Las cosas podrían haber sido de otro modo? ¿Es posible imaginar el caso contrario, un Poder Judicial que mayoritariamente se plante en contra de un gobierno de facto?

–El derecho exige que los funcionarios judiciales actúen de manera independiente, que protejan a los más débiles, a las víctimas, y eso implica, entre otras cosas, no ayudar a los genocidas a ejecutar sus crímenes, prestarse a una pantomima de una justicia en pie y garantizarles impunidad. Si los jueces no pueden cumplir con esos deberes, deben renunciar para no prestar legitimidad al régimen. Si el 25 de marzo de 1976 –o incluso más adelante, cuando la dimensión criminal del régimen era ya evidente– hubiera habido una renuncia en masa de los jueces de todo el país, probablemente la historia hubiera sido un poco menos trágica. El costo de reputación que hubiera implicado para la Junta, tanto dentro como fuera de Argentina, que todos los jueces consideraran que se había alterado de manera inconstitucional el orden democrático, hubiera debilitado al régimen desde su inicio mismo. Así, probablemente la duración de la dictadura hubiera sido menor.

–A fines de 2014, cuando se terminó de armar el libro, había unos 150 funcionarios judiciales con procesos penales o de remoción por vínculos con la dictadura. ¿Qué proporción del “problema” representa esa cantidad: es mínima, es significativa, es alta?

–No tengo elementos para contestar con precisión esta pregunta. El libro sólo presenta la punta del iceberg en referencia a la amplitud y profundidad del involucramiento del Poder Judicial durante la dictadura. A primera vista, pareciera que la cantidad de funcionarios judiciales que podrían ser considerados cómplices desde una óptica amplia, que excede lo jurídico, fueron muchísimos, altas proporciones, dependiendo de la jurisdicción y del fuero. Claramente, esa proporción fue mayor en el fuero criminal federal. Pero son necesarias más investigaciones.

–En el cierre, sugerís una comisión de la verdad que investigue, a nivel parlamentario, la complicidad de jueces y abogados. ¿Cómo imaginás su funcionamiento?

–Como un ejercicio transparente y colectivo de búsqueda de la verdad, de entender mejor qué pasó, por qué, qué hizo cada uno, qué se debe hacer para que los jueces, siempre, consideren el respeto por los derechos humanos como un límite infranqueable. Esto no significa que todos los jueces del Proceso hayan llevado a cabo actos (u omisiones) que hoy puedan ser considerados delitos de lesa humanidad. Dependerá de cada caso. Pero lo cierto es que no todo puede dar lo mismo: quien renunció para no ser parte de un Poder Judicial cómplice, o investigó hasta las últimas consecuencias, como el caso del juez Carlos Pagliere en la provincia de Buenos Aires, merece en la consideración, no sólo jurídica sino también pública, política y simbólica, un rol distinto a quienes afirmaron que el golpe de Estado podía considerarse jurídicamente admisible, tal como lo hicieron los jueces de la Corte Suprema, a partir de 1976.

Pablo Salinas ha tenido una participación muy activa en el llamado "juicio a los jueces" de Mendoza, y ese el tema que aborda en ¿Usted también, doctor?: llevó adelante la acusación de los imputados, en representación de la parte querellante.

“En la provincia de Mendoza —escribe en su artículo— se acusó penalmente, a partir de 2009, a todos los funcionarios que ejercieron funciones relevantes en el aparato judicial penal federal en la última dictadura” y que, “en ejercicio de sus funciones, legitimaban los secuestros y las torturas”.

Un dato a tener muy en cuenta: tres de esos jueces que están siendo acusados por crímenes contra la humanidad, ejercieron como tales hasta 2010. Por lo tanto, sostiene Salinas, mientras permanecieron en la justicia federal, “trabaron deliberada y eficazmente el inicio de los juicios de la verdad”.

Desde febrero de 2014, se desarrolla el juicio oral a un ritmo que, como explica Salinas a continuación, demora su resolución más allá de las expectativas iniciales.

—Cuando Boholavsky cerró el libro, a fines del año pasado, se esperaba la sentencia para abril de 2015... ¿Cómo está hoy la situación?

—Estamos en etapa de producción de prueba testimonial, donde declararon Luz Faingold, León Glogowsky, Juan Carlos Yanzón y otros testigos que comprometieron a los exjueces Otilio Romano y Luis Miret. En un mes, concluyen las testimoniales y tenemos alegatos. El problema fundamental es que el juicio se desarrolla lunes y martes, y por lo tanto se ha demorado más de lo esperado, pero pensamos que a fines de junio puede llegar la sentencia.

—Ha habido algunos juicios a algunas jueces en algunas provincias, pero el de Mendoza, según vos, es distinto porque es el primero que juzga al aparato judicial. 

—En Mendoza, la Fiscalía acusó a todo el aparato judicial que intervino en la justicia federal de la provincia, desde 1975 hasta 1983, y se logró llevar a juicio a Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Evaristo Carrizo. Otros acusados fallecieron y por eso no llegaron a juicio.

—¿Estimás que juicios semejantes se podrían llevar adelante en otras provincias?

—Por supuesto que entiendo que los juicios de Mendoza podrían replicarse en distintas provincias, ya que la represión actuó en todo el país y necesitó desde antes del golpe al aparato judicial federal penal en esa tarea represiva. Entiendo que en cada provincia pueden existir particularidades, pero el país fue dividido en zonas por la Junta Militar a los fines de llevar a cabo la represión. Hoy hay requerimientos en distintas provincias contra magistrados que actuaron durante el terrorismo de Estado. El juicio de Mendoza, que incluye dilucidar la complicidad civil con el terrorismo de Estado, puede ayudar a impulsar juicios de esta naturaleza en todo el país y ayuda a sostener la esperanza con respecto a que la pata civil también tendrá que responder ante la justicia.

—Hablás de 37 acusados. ¿Cuántos corresponden al aparato judicial?

—De los 37 acusados, en un principio cinco correspondían al aparato judicial. Por fallecimiento del exjuez Gabriel Guzzo, quedaron sometidos a juicio Romano, Miret, Petra Recabarren y Carrizo.

—Los expedientes judiciales fueron la prueba más contundente, escribís. ¿Es el archivo del propio Poder Judicial el lugar a privilegiar en una investigación sobre el tema?

—Los expedientes y la prueba documental fueron los elementos centrales en el requerimiento de instrucción formal, pero hoy puedo decir que la prueba fundamental son las testimoniales que se están produciendo: de Luz Faingold, de León Glogowsky, de Juan Carlos Yanzón; y los que aún faltan declarar, que son Mochi, Hoffman y otros.

Perfil:

Juan Pablo Bohoslavsky es doctor en Derecho. Ha estudiado y realizado investigaciones en universidades de la Argentina, Estados Unidos y Europa. Trabajó para la Unctad, la Cepal, el Estado argentino y empresas privadas. Experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU, editó junto con Horacio Verbitsky el volumen colectivo

Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura

(Siglo XXI, 2013).

¿Usted también, doctor?

Juan Pablo Bohoslavsky,

editorial Siglo XXI

448 páginas

$ 260