Bosques: ¿un ente técnico en los planes de aprovechamiento?
¿Q uién debe ser la autoridad de aplicación en Córdoba de la ley de bosques? Dentro del Gobierno provincial ya se discutió respecto de si tiene que ser la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Agricultura o alguna otra repartición.
En el proyecto oficial de revisión, ya hubo una señal política de borrón y cuenta nueva: con algún grado de consenso previo, el Ejecutivo propuso a la Unicameral una división de aguas; se optó por poner en esa gestión al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en tanto que las atribuciones de Ambiente sufrirían una poda y quedarían limitadas al rol de policía ambiental (que ya cuenta con un ente específico para fiscalizar y penalizar a infractores).
La gestión de esta repartición fue muy cuestionada por entidades rurales y productores de la región bajo ordenamiento territorial; se señaló la supuesta falta de transparencia, habilitaciones “a dedo” y multas discrecionales, entre otras acusaciones. Algunos dirigentes del agro llegaron a hacer públicas denuncias en torno de beneficios y permisos irregulares de desmontes que se llevaron a cabo con la asistencia de consultores estrechamente vinculados con la cartera ambiental.
Incumbencias
¿Cuál sería el alcance de la tarea de Ciencia y Tecnología en la gestión de la nueva ley de bosques? El punto está todavía en debate, junto con los demás contenidos de la normativa a consideración de la Unicameral.
No obstante, el perfil de la cartera cuenta con algunos puntos a favor. Schiaretti designó allí como ministro –hace un poco más de un año– a Carlos Walter Robledo, ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, con formación de posgrado en el exterior y experiencia en materia de bosque nativo. Integró el equipo de manejo de agrosistemas marginales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que durante 15 años llevó adelante un trabajo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en torno de productores y recursos insertos en la reserva de Chancaní (noroeste de Córdoba).
“Tenemos experiencia y capacidad para ofrecer objetividad al análisis y para evaluar cada proyecto de intervención en el marco de la ley”, asegura.
Robledo dijo a Agrovoz que la cartera tiene articulación con sectores de la producción, con técnicos ambientales y con instituciones como el Inta, las universidades y el Conicet. También tomó parte en la mesa que analizó el proyecto enviado a la Legislatura y propuso, a través de trabajos técnicos específicos, dos de las capas (la de aguas y la de vegetación) que conformarían el nuevo mapa de ordenamiento.
Caso testigo
En concreto, según Robledo, la cartera de Ciencia y Tecnología tiene factibilidad de intervenir en dos planos: la evaluación de proyectos y en la Comisión Técnica Multidisciplinaria que intervendrá en los procesos de análisis de los planes y en la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Como caso testigo, este rol sería similar al que hoy cumple Ciencia y Tecnología con el régimen de promoción industrial. Los proyectos entran por el Ministerio de Industria, y esta cartera los gira a CyT en el caso de que se requiera una evaluación cuando están en juego conceptos de innovación tecnológica. Pero la repartición que realiza el dictamen final sigue siendo Industria.
Con estas salvedades, Robledo opina que, en el caso de los bosques, la gestión de la ley debería estar en el área de Ambiente, aunque, si por configuración institucional o política la autoridad recae en Ciencia y Tecnología, “habrá que arremangarse y mojarse”.
